a contrarreforma educativa en el artículo 73 constitucional establece: “I. La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo…” Por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) contrató al Inegi para que del 26 de septiembre al 29 de noviembre realice este censo a escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas, que ha tenido serios cuestionamientos y rechazo.

Desde 1921, con la creación de la SEP, la información de escuelas, maestros y alumnos está en la opacidad, no hay certeza de cuántos son, hay irregularidad de comisionados y aviadores, número de plazas, alumnos migrantes o de educación especial, de escuelas sin clave oficial. Los gobiernos estatales, el federal y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han manejado esta información a discreción.

Con este censo, la SEP pretende ubicar geográficamente escuelas, infraestructura, servicios de agua y electricidad, sistema de comunicación, equipamiento, mobiliario escolar, mantenimiento, características y condiciones de los espacios, así como sostenimiento de la escuela y del personal, capacidad instalada y matrícula, participación en programas, asociación de padres de familia y consejos de participación social.

Se pretende un registro de todos los docentes, quienes pasan lista ante el Inegi, y se dan de alta o de baja según sea la situación; por ausencia procede investigación especial. Habrá un registro en escuelas y oficinas administrativas para contarlos e identificar datos en relación con su identidad personal, antigüedad, formación académica, lengua, si es miembro del Consejo Escolar de Participación Social, relación laboral, capacitación, programas de formación y superación, de carrera magisterial y datos sobre su clave presupuestal.

La auditoría a maestros se cotejará con tres bases de datos, cuya información se corrobora en cada una de las escuelas. Se identifica al maestro que da los datos y se cruza esta información con el Registro Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos, con la nómina de la SEP y de los estados.

Se pretende integrar un registro de estudiantes con sus datos de identidad y en preguntas relativas sobre discapacidad. Con esta información se pretende integrar a alumnos discapacitados y con aptitudes sobresalientes a los grupos regulares para ser atendidos por maestros que no tienen la capacitación, mientras educación especial, donde laboran profesionistas especializados, está en riesgo.

El censo también pregunta si el alumno tiene acceso a Internet, beca, modo y tiempo de traslado a la escuela. Preguntas relativas a educación, salud, alimentación, vivienda, vestido y calzado, situación laboral y económica de los padres, que podrían arrojar un diagnóstico más real, no se aplicaron.

A los directores constantemente se les solicita, por parte de la SEP, este tipo de información actualizada, como la plantilla del personal, matrícula y estadística, formatos de necesidades de mantenimiento y mobiliario e inventario. Además, a las escuelas se les desvía de su función educativa para realizar actividades de otras dependencias, como el sector salud y ahora del Inegi.

Pretendiendo evitar el boicot a este censo por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno instaló comités de apoyo integrados por las autoridades educativas federales y estatales, así como por el Inegi, existiendo un comité nacional y uno local por cada entidad federativa.

Pese a este blindaje burocrático, Emilio Chuayffet ya declaró que no hay condiciones para aplicar el censo en Oaxaca, aunque falta que diga lo mismo en Chiapas, Michoacán, Veracruz y en varios estados donde hay movilización contra la reforma educativa. Además declaró que en los estados afectados por las lluvias el censo se realizará de manera parcial. En muchas escuelas, los padres de familia han regresado las hojas del censo canceladas y con leyendas de rechazo a la reforma educativa.

Al sistema educativo se le ve como una empresa lucrativa recién adquirida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Mexicanos Primero, al cual hay que inventariar para saber sólo cuántas escuelas, maestros y alumnos existen; llevar un control y vigilancia; tener en una plataforma los datos para planear y administrar la educación, a partir de un diagnóstico aplicado después de impuesta la reforma educativa, cuando debería haber sido antes de su imposición y con los datos obtenidos diseñar una profunda y verdadera transformación educativa.

Al responder el censo, de facto se avalan las afectaciones que conlleva la reforma educativa y sus leyes secundarias, pues busca optimizar el gasto educativo, eliminar al sindicato y poner fin a las comisiones no educativas y a la doble negociación salarial en los estados.

Con los datos obtenidos se establecerá el servicio profesional docente y se tendrá el primer filtro de clasificación, evaluación y selección a partir del perfil formativo, del trayecto y la certificación de los docentes. Además, se darán facultades a las escuelas para que los gastos en infraestructura, mantenimiento y de operación recaigan en alumnos, maestros, directores y padres, como indican las modificaciones a los artículos 73 constitucional y 12 de la Ley General de Educación.

Como se advierte, este censo sólo pretende inventariar el número de escuelas, maestros y alumnos como si fueran productos para un control de calidad para que sean más productivos, eficientes y eficaces, y tengan un nivel de competitividad internacional, como lo requiere la NOM ISO 2000, donde la educación es una mercancía. Por ello, el rechazo y la resistencia ante esta aplicación de la reforma educativa y la profundización de la rebelión magisterial y popular a las reformas estructurales.

*Profesora de educación primaria en el DF y Maestra en Educación