Buenos Aires, 1º de noviembre.

El Grupo Clarín desconoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que ratificó la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual aporbada por el Congreso en octubre de 2009, reglamentada en 2010, y que sólo podía ser ejecutada parcialmente hasta ahora por la negativa de esa empresa de medios, que tiene la más avanzada posición monopólica del país.

La ley establece para cada grupo audiovisual un límite de 35 por ciento del mercado: diez licencias de señal abierta y 24 de cable; Clarín, que cuenta con más de 240 licencias persiste en su negativa a cumplir la legislación que los restantes grupos de medios de comunicación aceptaron.

Clarín rechazó la presentación realizada por Martín Sabbatella, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -un organismo descentralizado creado para aplicar, interpretar y hacer cumplir la nueva legislación- quien solicitó que el multimedio cumpla con el límite de licencias. También dejó abierta una opción para que presenten un plan voluntario, antes de proceder a cualquier adecuación de oficio como lo marca la ley en esta situación.

La Afsca debía cumplir de inmediato con lo decidido por la Corte Suprema, después de esperar durante cuatro años en que Clarín presentó una serie de medidas cautelares con la ayuda de algunos magistrados de los viejos tiempos estancando el proceso de cumplimiento legal, siendo el único emporio mediático- y el más grande del país– que no había presentado su plan de desinversión y adecuación que prevé dicha ley.

Esta ley que ahora puede funcionar a pleno, es considerada una norma de vanguardia, que entiende la comunicación como un derecho humano equivalente a la libertad de expresión, promoviendo la democratización de las voces, la diversidad y pluralidad informativa. Además es antimonopólica y anticorporativa y ha sido considerada ejemplar por los enviados de la Organización Naciones Unidas.

Era previsible, dada su cerrada negativa, que Clarín considerara un procedimiento de oficio y forzoso la visita informativa de Sabbatella en una instancia de comunicación legal.

Clarín mencionó como ilegal la actuación de la Afscaa, al sostener que de ninguna manera puede aplicársele este procedimiento al Grupo ya que las normas de adecuación estuvieron totalmente suspendidas para la compañía a raíz de la medida cautelar, al aludir a fallos superados por la decisión del máximo tribunal.

En realidad Clarín sobrepasó todos los plazos dados y ahora intenta convertir un acto legal, en una acción política al decir que el gobierno está urgido por avanzar contra las escasas voces independientes que quedan en Argentina, señalaron voceros de la Afsca.

El Grupo Clarín ha sido denunciado por diversas entidades de comunicación sociales, políticas, intelectuales, por imponer a través de su evidente superioridad mediática, la agenda política, con falsedades y mentiras después de acompañar a las dictaduras de turno. Y también se ha denunciado la violencia de sus métodos informativos.

Los especialistas del Grupo Política Economía y Realidad Nacional, Juan Manuel Di Leo y Nicolás Hernán Zeolla señalan que como otras veces en la historia argentina, las corporaciones empresariales vuelven a discutir el estado de derecho cuando este expresa los intereses populares. Esta discusión viene dada por la negativa del Grupo Clarín (oligopolio comunicacional, financiero y de servicios) a cumplir el nuevo esquema de propiedad de licencias establecido por la ley.

En su artículo 45 se demanda que aquellos propietarios que no se ajusten a la normativa deben desarmar su posición para impedir las posiciones dominantes en los segmentos producción de contenidos, difusión y transmisión. Por ello se pone límites a las prácticas monopólicas, señalan los analistas.

“Clarín esta fuera de la norma en todos los segmentos, lo que demuestra una enorme concentración (…) es una sociedad anónima que cotiza en bolsa. De acuerdo a sus ventas, se encuentra entre las 20 empresas más importantes del país, superada por Techint, Telefónica, las grandes cerealeras y la banca internacional”, señalaron los analistas..

De inmediato algunos diputados electos como Elisa Carrió, de Coalición Cívica-UNEN de centro derecha, salieron a emitir insultos denigrantes contra Sabbatella, respetado dirigente de Nuevo Encuentro y a denunciar al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

El magistrado con respaldo de la Corte advirtió que esta institución no hace pactos con nadie. La mayoría de los magistrados han mostrado lejanía con el gobierno actual. Carrió dijo que iba a ir a informar a Estados Unidos a los que comunico todo sobre esta situación.

También legisladores de las derechistas Propuesta Republicana y Unión Por Todos, ambos movimientos aliados a fundaciones de Estados Unidos, presentaron una demanda contra la Corte Suprema.

Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la presentación de los legisladores opositores es un dislate procesal y de una temeridad absoluta contra uno de los poderes del Estado. Además desde ayer viajaron a Washington un grupo de periodistas de Clarín, La Nación y Perfil, que atacan todos los días al gobierno en sus programas a presentar sus quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La embajadora argentina ante ese organismo Nilda Garré, denunció que el grupo de periodistas ligados al establishment económico van montar una operación política contra la ley de medios y recordó que son algunas de las figuras centrales de los medios más importantes, los que día a día expresan abiertamente sus desavenencias con el gobierno nacional, como se puede comprobar, dijo Garré ex ministra de Defensa, en su cuenta de Facebook. La guerra ha recomenzado, con algunos polítcos opositores siempre favorecidos por este grupo mediático, acompañando curiosamente la negativa a cumplir constitucionalmente con la ley.