En México no existe un marco legal adecuado para la atención de los niños cuando sus derechos son vulnerados. Además, se enfrentan a una violencia generalizada y creciente, no sólo en sus familias, sino en la sociedad, señala el estudio Mapeo y análisis del sistema de protección de la niñez, elaborado por World Vision México.

El documento, presentado ayer en conferencia de prensa, señala que la población infantil y adolescente no gozan plenamente de sus derechos, en especial indígenas, discapacitadas, migrantes y niñas, lo cual se vincula con pobreza y discriminación.

Destaca que entre las principales fallas en el sistema de protección de la infancia está la ausencia de un sistema de información, lo que ocasiona una falta de comprensión del problema, además de la falta de adecuación de los programas de prevención, atención y rehabilitación.

Señala que las leyes no se adecuan plenamente a los instrumentos internacionales y regionales, a pesar de las reformas constitucionales de 2011, y de la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo cual es necesaria una ley general conforme a estándares internacionales en la materia y que establezca mecanismos reales de protección.

Advierte que no hay mecanismos específicos de protección de la infancia, además de que no hay coordinación de las leyes y políticas en las entidades del país, lo que genera grandes disparidades en las garantías de derechos de los niños. Sumado a esto, su ambiente inmediato, la familia, tampoco garantiza sus derechos, señala el documento.

El texto aporta datos sobre la violencia que vive este sector de la población. Uno de cada cuatro niños dice que por donde vive hay balaceras; el homicidio juvenil se elevó de 7.8 por ciento en 2007 a 25.5 por ciento en 2010; los jóvenes fueron responsables de la mitad de delitos ese mismo año, y el homicidio de mexicanos entre 10 y 29 años se concentra en el norte del país.

Cuando en una familia se maltrata a un niño y alguien quiere ayudarlo, no hay un camino claro a seguir y la pregunta es si debe acudir al Ministerio Público, donde no se sabe si se admitirá la denuncia, o a Desarrollo Integral de la Familia, que no tiene capacidad para ello. La respuesta es que a lo mejor no hay nada que hacer, explicó Mónica González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. No hay un aparato estatal que responda a la atención de los derechos de los niños cuando son vulnerados, agregó.

Es necesario que en el presupuesto se refleje la atención a la niñez, ya que no llega a uno por ciento del gasto total, sostuvo a su vez Alison Sutton, coordinadora de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Unicef.

Consideró que debe visibilizarse a los niños como sujetos de derechos y asegurarles un lugar en la agenda política y dentro del presupuesto nacional.