La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que el pleno apruebe hoy el dictamen de la Comisión de Justicia que avala sin cambios la minuta del Senado, para que el Ejecutivo tenga la atribución de conceder el indulto, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos en el proceso penal, medida que busca lograr la liberación del profesor Alberto Patishtán Gómez y otros indígenas presos.

De esta manera, el decreto sería enviado de inmediato al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que la reforma entre en vigor al día siguiente de su difusión.

El proyecto de dictamen –que será votado por la mañana en comisión y turnado de inmediato al pleno– agrega un artículo 97 bis al Código Penal Federal y permitirá abrir la posibilidad de que, a través de un indulto, el Ejecutivo pueda otorgar la libertad y justicia a todas las personas que injustamente fueron condenadas por no contar con los medios legales para su defensa.

La comisión explicó que la adición surge por el encarcelamiento de personas a quienes no les fue garantizado su derecho a una defensa adecuada, violados sus derechos al debido proceso y sentenciadas con penas privativas de la libertad de manera arbitraria, trayendo consigo consecuencias negativas en el sistema federal de justicia penal.

Planteó que numerosos casos justifican la reforma. Ejemplos hay muchos; sin embargo, el más reciente y que ha cobrado mayor relevancia en los meses recientes es el caso del profesor Alberto Patishtán, acusado por lesiones, homicidio calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y que lleva encarcelado 13 años, expresó.

También consideró que el caso es de tal relevancia que el Congreso ha emitido tres puntos de acuerdo para exigir la liberación de Patishtán, pero acotó que es el único indígena que no ha recibido una defensa adecuada.

Se pueden citar el caso de las mujeres otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, en Querétaro; y el de Francisco Santiz, en Chiapas. Hay muchos más que, por desgracia, no hay cobrado la relevancia que merecen, indicó.

Asumió la conveniencia de aprobar mecanismos legales que intercedan en acciones para que estos caso, de condenas por razones de condición social o pobreza, no sigan siendo parte de la vida cotidiana.

El citado artículo define que de manera excepcional, el Ejecutivo podrá conceder el indulto por delitos del orden federal o común, previo dictamen del juzgado respectivo, “en el que se demuestre que el sentenciado no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas… cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos”.