El pleno del Senado de la República regresó a la Cámara de Diputados la Ley de Coordinación Fiscal, con cambios en materia de transparencia, que obligan a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a revelar la nómina de los maestros del país, y a que los estados y municipios hagan público el monto de sus deudas.

Esa iniciativa de ley –propuesta por la senadora panista Laura Angélica Rojas– regresa ría a la SEP el control de la nómina de más de un millón de maestros de todo el país, además de que faculta a la dependencia a condicionar el pago de los salarios a los educadores, y obliga a los estados y municipios a realizar el censo de todos los integrantes del magisterio.

Este punto provocó un fuerte debate de casi seis horas, ya que senadores de PAN, PRD y PT trataron de modificarlo, ya que advirtieron que acaba con la descentralización educativa e impone un modelo autoritario. Al final se impusieron el PRI y sus aliados, por lo que las reservas en la materia no pasaron. La minuta fue aprobada en lo general por 74 votos en favor y 50 en contra.

De entrada, al fijar la posición del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, anunció que su bancada votaría en contra de estos ordenamientos, en virtud de que lo que plantean es un retroceso y se atenta contra el federalismo.

Añadió: “es un despropósito y un atentado contra los artículos 116, 123 y 130 de la Constitución, y excede la atribución que nos da el artículo 73 en materia laboral. Con esta reforma, la SEP se va a convertir en la tesorería más grande de América Latina y probablemente del continente.

Mayor control político

El perredista Mario Delgado denunció que con esta reforma vamos a tener mayor control político del gobierno federal hacia el magisterio nacional, y se pueden seguir cometiendo los mismos abusos y las mismas irregularidades.

Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del PT y ex titular de la SEP, advirtió que con esta reforma el proceso de descentralización se anula completamente, y con un planteamiento autoritario se llama a los gobernadores a la Federación y se les dan indicaciones.

Es una decisión absurda, que lo único que persigue es un control político que no le corresponde a la SEP. El gobierno federal va a mantener una pagaduría nacional, es una medida centralista, violatoria de la Constitución, y contraria a la voluntad de desarrollar el sistema educativo nacional, indicó.

En tribuna, la senadora Mónica Arriola (hija del Elba Esther Gordillo), del Panal, destacó que se reservaría para su votación en lo particular los artículos 4, 26 y 26-A, todos ellos relativos a la educación, al pago de los maestros, a la transparencia. Se debe respetar íntegramente los derechos de los maestros y maestras, y debe haber financiamiento público para todos los modelos educativos, señaló.

La senadora panista Laura Angélica Rojas insistió en la necesidad de que la información financiera que generen las entidades federativas y los municipios se regirá por los principios de transparencia en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo cual se modificó el artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se aprobó además una reforma al artículo 6 de esta ley, para que las participaciones federales que recibirán los municipios se publiquen en sus páginas web oficiales, conforme a los lineamientos que emite la secretaría de Hacienda.

Otra modificación aprobada fue al artículo 9, para que el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios sea público.

Sin discusión el pleno del Senado aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero se hicieron reformas para adecuar la Ley de Coordinación Fiscal en materia de transparencia. Se devolvió a la Cámara de Diputados.