l debate mundial sobre la guerra contra las drogas ha estado paralizado durante años, principalmente por la actitud cerrada e intransigente de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero también de Rusia y China, quienes por motivos diferentes mantienen una línea prohibicionista dura. Por fin las cosas empiezan a moverse. Varios países afectados por políticas contraproducentes y socialmente muy costosas pi­den, suplican, que haya un cambio en la visión mundial de las problemáticas del uso de drogas en el mundo. Con la Declaración de Antigua Guatemala del 6 de junio, la OEA, en su 43 asamblea, logró poner a discusión un cuestionamiento muy profundo del régimen prohibicionista, partiendo de las evidencias: las políticas represivas han sido un fracaso rotundo.

La lucha contra las drogas implementada desde el principio del siglo XX se elaboró sobre bases muy cuestionables y sin sustento científico. El origen de todos los convenios internacionales desde la Conferencia de Shangai en 1912 es una voluntad de Estados Unidos de imponer al mundo una moral puritana del siglo XIX, propia de una parte de la sociedad protestante anglosajona para la cual la abstinencia es una virtud y el placer un pecado. Tenía al principio un fuerte contenido racista y xenófobo contra los chinos y se volvió un instrumento de colonialismo y de injerencia selectiva de las potencias occidentales. Poco a poco, la justificación moralista se fue desmoronando, poniendo en evidencia lo que había detrás: una enorme hipocresía e intereses poco confesables. La sustituyó en los años 70 una nueva ideología occidental prohibicionista fundada sobre una voluntad, por cierto muy paternalista, de proteger el ser humano contra sí mismo, con un enfoque sanitario y social. Pero la realidad, con la multiplicación de los convenios de derecho penal internacional, los gobiernos endurecieron el régimen prohibicionista y transformaron la problemática de las drogas en una cuestión mayor de geopolítica, ignorando su dimensión principalmente sanitaria. Durante el siglo XX hasta hoy, en cualquier teatro de guerra el dinero de la droga ha jugado un papel fundamental como fuente ilícita de recursos para todas las fuerzas beligerantes, gobiernos o rebeldes. Así fue en Vietnam, Líbano, Centroamérica, Colombia, los Balcanes, Afganistán, Irak, Libia, en todos los conflictos de la África subsahariana, hoy en Siria. Además, con el amalgama del tráfico de drogas con el terrorismo se justifican en cualquier parte del mundo graves violaciones a las libertades individuales. En definitiva cada gobierno enfrenta o utiliza la cuestión de la droga a su manera en función de sus intereses, sin preocuparse mucho de lo que debería ser su primera prioridad: la salud pública. Por esto el rechazo del régimen prohibicionista crece a escala mundial.

En las discusiones interminables sobre las políticas antidrogas, hay toda una gama de posiciones, desde la represión más ciega y mortífera hasta el liberalismo extremo defendido por Milton Friedman o Georges Soros. El gobierno de Estados Unidos, ahora sin argumentos ni autoridad moral, mantiene el principio de la prohibición absoluta internacional, pero no tiene la capacidad ni la voluntad de enfrentar en su propio territorio la generalización del consumo. A tal punto que recientemente el procurador general Eric Holder hizo una proposición revolucionaria, la de no aplicar la ley a los pequeños consumidores y traficantes, porque las prisiones están repletas de personas que en realidad no representan ningún peligro social. Las autoridades estatales o federales se orientan de facto hacia la reducción de riesgos (harm reduction) que han combatido durante años, es decir, la despenalización del uso de drogas acompañada de la asistencia médica y social de los adictos. El paso siguiente debería ser un régimen de legalización controlada de la producción, de la comercialización y del uso de las drogas que lógicamente debería desembocar en una revisión profunda del derecho penal internacional. Eso significa, como acaban de decidir el gobierno y el Parlamento de Uruguay, sacar de la clandestinidad actos prohibidos por ley pero ampliamente difundidos, respetando uno de los derechos fundamentales del hombre, disponer de su cuerpo, con las limitaciones definidas para otros productos como el alcohol, el tabaco o los fármados controlados. Uruguay es un país pequeño, pero muy respetado y con gran prestigio internacional que nos enseña el camino a seguir. El día que Estados Unidos renunciara a su prohibicionismo, dejando a cada país la libertad de actuar de forma soberana, la inmensa mayoría de los miembros de Naciones Unidas apoyarán este giro saludable. Pero no lo harán sin una fuerte presión internacional.

México, país miembro de la OCDE y del G-20, podría jugar un papel fundamental para acelerar este proceso. No lo ha hecho hasta, a pesar de ser probablemente el país más afectado en el mundo por las consecuencias de esta guerra: decenas de miles de muertos, violencia extrema, violaciones persistentes de los derechos humanos, corrupción a gran escala. Sin los ingresos del narco la economía de México se podría contraer fuertemente. La reciente ley sobre el lavado de dinero en vigor desde julio pasado que introduce en el derecho penal mexicano las recomendaciones de la OCDE y su Grupo de Acción Financiera (Gafi), ha causado fuertes reacciones de los actores económicos vulnerables, como notarios, agentes inmobiliarios, joyerías, casinos, prestamistas, grandes tiendas y comercios de lujo, obligados ahora a denunciar sus clientes sospechosos. Abogados astutos contratacaron con el argumento que esta obligación es una violación de un derecho humano fundamental: la presunción de inocencia. El dilema se vuelve casi corneliano para México: aplicar con rigor las nuevas normas penales con el riesgo de afectar amplios sectores de la economía y el empleo, o cerrar los ojos, con la aprobación tácita del Gafi, del FMI y de Estados Unidos. La vía más realista sería de sacar la economía de la droga de la clandestinidad con la legalización controlada, dejando en el campo de aplicación de la ley antilavado el dinero actividades criminales que afectan duramente a la sociedad, como los secuestros, las extorsiones y el tráfico de peronas y, por supuesto, el reciclaje del dinero de la corrupción.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal estudia una legislación más liberal sobre el consumo de mariguana en la capital mexicana, como lo ha hecho para el aborto o el matrimonio homosexual. Es un primer paso. El siguiente debería ser una iniciativa diplomática fuerte del gobierno federal para trasladar el debate del marco regional de la OEA al escenario mundial en Naciones Unidas, el FMI y el Gafi, con un enfoque geopolítico y pluridisciplinario. La sociedad mexicana tiene mucho que aportar en este debate y el prestigio internacional de México podría crecer significativamente, si nuestro país logra tomar el liderazgo de un movimiento de fondo para cambiar radicalmente un enfoque mundial cuyo fracaso es ampliamente reconocido. La peor de las políticas es no tener política.