San Miguel de Allende, Gto., 28 de octubre.

El juez segundo de distrito, Roberto Suárez Muñoz, ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) suspender de manera definitiva la licitación 00009076-002-13 para la edificación, operación, explotación, conservación y mantenimiento por 30 años de la autopista Silao-San Miguel Allende, informó Eduardo Iglesias Bálsamo, asesor jurídico de las 25 comunidades ñañús que serían afectadas por la vialidad.

El gobierno de Guanajuato (encabezado por el panista Miguel Márquez) no ha podido acreditar que, en sus diferentes fases de estudio, el proyecto carretero estuvo estrictamente apegado a derecho; por lo tanto, la licitación continuará suspendida hasta que se resuelva el juicio de amparo 595/2013, tramitado por la nación ñañú, expuso.

Iglesias Bálsamo, asesor de Magdaleno Ramírez Ramírez, presidente del Consejo Estatal Indígena y representante del pueblo ñañú, explicó que el juez Suárez Muñoz estudia el fondo del amparo, la legalidad del trazo de 70.5 kilómetros de autopista, que partirá por la mitad 25 poblados, dañará zonas arqueológicas, sitios sagrados, tradiciones y, en general, el patrimonio cultural tangible e intangible de ese grupo étnico.

Aún falta un extenso desahogo de pruebas sobre la historia de los asentamientos indígenas en la zona y un estudio de antropología social que determinará las afectaciones reales a los poblados indígenas, detalló.

Los ñañús buscan demostrar que el trazo, autorizado en 2012 por Guillermina Gutiérrez Lara, en ese entonces delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), causará un evidente deterioro a su patrimonio cultural, enfatizó.

El Frente Pro Patrimonio de San Miguel de Allende y Ramírez Ramírez han interpuesto este año dos demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para que revoque la autorización que Gutiérrez Lara otorgó al trazo de la autopista Silao-San Miguel Allende.

Ramírez Ramírez se quejó de que el INAH ha mostrado poca seriedad: Recibí un documento donde me dicen que el trazo debe cambiarse; luego surge otro desmintiéndolo. Queremos respeto.

Un oficio firmado por Manuel Eduardo Pérez Rivas, director de Salvamento Arqueológico del INAH y dirigido a Magdaleno Ramírez, señala que la Secretaría de Obra Pública de Guanajuato debe modificar el trazo para evitar afectaciones al patrimonio de la nación.

El documento, dado a conocer a principios de octubre, fue desmentido por el coordinador nacional de Arqueología, Pedro Sánchez Nava. En una misiva el funcionario explicó al secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda, que la información difundida es sólo una opinión técnica.