llá por mediados de 2006 un indignado ex dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el panista Alberto Fernández Garza, reclamaba airadamente que los empresarios no hacemos otra cosa que pagar impuestos, y amenazaba con estallar una huelga fiscal en caso de que no se reconozca públicamente su patriótica función como sostén del erario, porque, decía, si en este país alguien cumple cabalmente con el fisco ese no es otro que el capital privado.

La amenaza quedó en simple bravuconería, porque a Los Pinos llegó su amigo Felipe Calderón –haiga sido como haiga sido–, y no Andrés Manuel López Obrador, quien durante el proceso electoral de 2006 osó denunciar públicamente que los de arriba no pagan impuestos, lo que provocó la furia de Fernández Garza y su grey, quienes de inmediato se pusieron el saco, desataron feroz campaña contra el entonces candidato con apodo de pez y declararon que nos indigna que diga que somos culpables de no pagar impuestos, porque es lo único que hacemos.

No quedó allí el reclamo. Fernández Garza subrayó que en el caso de México lo que se está generando como impuestos es lo que pagan los empresarios, es lo único que se está gastando; exigiríamos que nos reconozcan como generadores de empleos y de impuestos. En caso contrario haríamos una huelga de impuestos para que se nos con reconozca ese papel. Obvio es que olvidó el petróleo, cuyos beneficios son utilizados para tapar el hoyo fiscal que deja el gran capital.

En materia tributaria, Fox y Calderón –y no pocos gobiernos priístas– fueron más que generosos con el gran capital, al que lejos de hacerle cumplir su dicho (no hacemos otra cosa que pagar impuestos), le canceló voluminosos créditos fiscales, le amplió las facilidades y exenciones, y le devolvió una verdadera catarata de impuestos, amén de los pingües negocios que le procuró. Por ejemplo, en 2011 tales devoluciones sumaron 285 mil millones de pesos, sin considerar saldos en favor de los contribuyentes (470 mil 540 millones), y obvio es no se los regresaron a los estanquillos.

Cómo olvidar, por ejemplo, aquella denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF, marzo de 2007): en la revisión de la Cuenta Pública 2005 se detectó que 100 grandes contribuyentes en promedio pagaron 74 pesos por impuesto sobre la renta en ese año, y 67 pesos por impuesto al valor agregado, una vez descontadas las devoluciones de impuestos.

Como en su momento se comentó en este espacio, a las denuncias de la ASF y los focos rojos encendidos por la creciente evasión y elusión fiscales de los grandes contribuyentes, el gobierno calderonista respondió de inmediato: publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual autorizó la condonación total o parcial de los créditos fiscales, que en 2005 acumularon cerca de 500 mil millones de pesos.

La ASF no dio nombres, pero La Jornada documentó que entre los beneficiados por tal cortesía fiscal aparecían, cuando menos, Bimbo, Kimberly Clark, Wal-mart, Televisa, Telmex, Grupo México (el del amenazante Germán Larrea), Cemex, Industrias Monterrey, Grupo Carso Telecom, Grupo Modelo (ahora extranjero) y Femsa (también extranjerizó su división cervecera), sin faltar equipos de futbol (propiedad de las televisoras) y las instituciones bancarias.

Sobre estas últimas, La Jornada documentó que “jinetearon recursos del fisco” y que a partir de 2001 y durante todo el gobierno de Vicente Fox, los cuatro principales bancos del sistema financiero mexicano dispusieron de 41 mil 349 millones de pesos en impuestos diferidos, los cuales, en descenso, han figurado en los activos de sus estados financieros, indican informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los beneficiados: Bancomer, Banamex, Santander y HSBC.

Por esos días, también, un trabajo de campo realizado por el Instituto Libertad y Democracia a petición del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones, develaba que en México menos de 10 por ciento de las empresas estaban registradas legalmente o contaban con el estatus de entidad legal o persona moral legal. “Las estimaciones realizadas en México indican que el capital muerto (aquel no declarado al fisco ni benéfico, socialmente, para el país) acumulado en empresas extralegales y propiedades inmobiliarias no registradas asciende a 597 mil 200 millones de dólares… Ese monto equivale a 62 veces la asistencia oficial para el desarrollo recibida por el país entre 1960 y 2003, a casi nueve tantos las reservas internacionales (acumuladas hasta esa fecha) o la inversión extranjera directa el periodo 1979-2003 multiplicada por tres. En pocas palabras, esa suma equivale a 80 por ciento del producto interno bruto”.

Y el referido informe redondeaba que lo anterior sólo es un botón de muestra, y si el gobierno mexicano aspira a que la mayor parte de su población participe directamente en la creación de la riqueza, es obvio que no podrá lograrlo sin que identifique las causas precisas por las cuales los activos de la mayoría de mexicanos no están sirviendo para obtener crédito, captar inversión y generar valor agregado, (ni) podrá integrar a la mayoría de la población en el desarrollo económico. De ese tamaño era la validez de lo dicho por Alberto Fernández Garza (no hacemos otra cosa que pagar impuestos), y lo expresó justo cuando hasta el propio FMI se pronunció a favor de que el gobierno mexicano reduzca exenciones fiscales que benefician a unos cuantos contribuyentes.

Sirva lo anterior para contextualizar la más reciente amenaza de la Coparmex, ahora con Juan Pablo Castañón en la oficina principal: “el sector patronal del país dará a conocer los nombres de los legisladores que para el lunes habrán votado la reforma hacendaria que se discute en el Congreso. (Hoy) dará inicio una campaña de difusión de los legisladores que votaron a favor o en contra de la sociedad. Si el legislador quiere seguir en su carrera política tendrá que dar explicaciones a la sociedad del por qué de su voto, debido a que esto tendrá sus consecuencias en las futuras elecciones. La reforma hacendaria (…) es antiempresarial e hipoteca a las futuras generaciones. Su afán recaudatorio pone en riesgo el crecimiento de México” (La Jornada, Julio Reyna Quiroz). Qué tal.

Las rebanadas del pastel

Por lo visto, México no requiere más enemigos. Con la cúpula empresarial sobra, y si no lo creen pregúntele a Germán Larrea.

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