La reforma fiscal que analiza el Senado no contempla incentivos para invertir y ni las empresas ni las personas físicas ven que apunte a un sistema impositivo equitativo, eficiente y transparente, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

En su análisis semanal, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que lo aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados fue una reforma tributaria (no hacendaria), que está lejos de cumplir con los principios básicos que todo sistema contributivo debería tener.

Explicó que la iniciativa aumenta la complejidad para pagar impuestos, mientras recordó que el principal motor del crecimiento es la inversión, pero para que ésta fluya de manera constante es fundamental un entorno de confianza. De no ser así, el ritmo de crecimiento de la economía seguirá siendo insuficiente para generar mayor bienestar de la población y, por ende, mayor recaudación del sector público, advirtió.

El organismo consideró que bajo el supuesto principio de una reforma social enfocada a proteger a la clase media, los diputados aprobaron un paquete que, contrario a lo que se afirma, es notoriamente inequitativo, ya que la carga impositiva en el país se concentra cada vez más en un grupo menor de contribuyentes.

También criticó que el gobierno pretenda determinar la capacidad contributiva de las personas bajo la suposición de que son más pudientes quienes tienen una mascota o gustan de masticar chicle, lo cual, dijo, nos aleja de una percepción seria de la distribución del ingreso en nuestro país y, por el contrario, permite corroborar que las decisiones que prevalecen en este periodo de sesiones son las políticas.

En su análisis, el centro sostuvo que más que un tema económico, la obesidad se puede considerar un aspecto cultural, por lo que la solución más efectiva al problema podría estar en las aulas de las escuelas, con un programa de enseñanza eficiente sobre hábitos alimenticios y sus beneficios, y no mediante medidas que afectan la capacidad adquisitiva de los hogares. En ese sentido cuestionó la supuesta preocupación del Congreso por la salud de la población que, sostuvo, ha llevado a los legisladores al extremo de decidir qué deben o no consumir los mexicanos.

Además de contravenir la libertad de elegir, es muy factible que (la medida) lleve a la informalidad a muchos pequeños negocios que comercializan productos considerados no básicos, antes que verse afectados por la tasa de 5 por ciento de impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación e importación de este tipo de bienes, sostuvo.

Entre las mercancías que se verían afectadas están dulces, gelatinas, chocolates, flanes, crema de cacahuate, dulces de leche, helados, nieves y paletas de hielo.

Si bien reconoció que incrementar el pago del impuesto sobre la renta a quienes obtengan mayores ingresos marca una progresividad importante, también recordó que siguen siendo los causantes cautivos los que deben cargar con la mayor responsabilidad de sostener las funciones del sector público, además de subsidiar a toda la población informal.

La propuesta presentada por el Ejecutivo el 8 de septiembre pasado considera incrementar de 30 a 31 por ciento el pago de ISR para quienes ganen más de 41 mil 666 pesos al mes; a 32 para quienes perciban más de 62 mil 500 pesos; de 34 por ciento para ingresos de 83 mil 300 pesos mensuales y de 35 por ciento para ingresos superiores a 250 mil pesos.

Finalmente puntualizó que en la propuesta que analiza el Senado no se aprecian medidas para ampliar la base de contribuyentes y advirtió que si bien el principio fundamental de toda reforma hacendaria debe ser el bienestar de los hogares mediante el estímulo a la inversión y el crecimiento económico, tratar de hacerlo con deuda implica facilitar el camino hacia un estancamiento de la economía.