Las grandes empresas productoras de energía eólica asentadas en diversas regiones del país, junto a las mineras que operan en casi una tercera parte del territorio nacional, son beneficiarias de las leyes y acuerdos promovidos por el gobierno federal que les garantizan pagos raquíticos a los propietarios originales de la tierra por ocupar miles de hectáreas donde han quedado instalados sus parques eólicos.

En el ámbito internacional la remuneración pagada por las empresas explotadoras de parques eólicos, por concepto de arrendamiento de tierras, oscila entre 1 y 5 por ciento de los ingresos brutos por venta de energía de una empresa de esas características. La Asociación Europea de Energía Eólica señala como estándar que la renta de la tierra representa 3.9 por ciento de los costos totales de la producción.

El caso contrario se encuentra identificado en México. La caída del arrendamiento de la tierra es drástica pues se ubica muy por debajo del estándar internacional, al situarse en porcentajes que van de 0.025 por ciento a 1.53 por ciento de los ingresos brutos.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, encabezada por Jaime Martínez Veloz, elaboró un estudio sobre la energía eólica en México y la perspectiva social sobre el valor de la tierra. Refiere que la implementación de los parques eólicos en México ha generado el rechazo y la oposición social por parte de un sector de la población, principalmente del Istmo de Tehuantepec.

Las organizaciones Grupo Solidario La Venta, La Ventosa Vive, Asamblea de la Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, Consejo de Ancianas y Ancianos de Rancho Gubiña, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, se han inconformado por el cambio de tenencia de tierra colectiva a privada a través de la firma de contratos de arrendamiento con las empresas eólicas, los cuales facilitan el acceso para instalar aerogeneradores que aprovechen el recurso eólico.

Los contratos se realizan en condiciones de desventaja para los propietarios, porque las empresas se hacen del derecho de posesión de la tierra durante 30 años, con posibilidades de renovarse otros 30, y apropiarse de gran parte de las ganancias generadas por los parques eólicos, al fijar los montos por el pago de la renta de cada hectárea arrendada.

Las notables diferencias por el pago de hectárea arrendada se comprueban con los siguientes casos: en Argentina, el parque eólico Arauco SAPEM obtuvo un ingreso bruto anual de 11 millones 862 mil dólares en el año 2012. Y pagó por arrendamiento de la tierra 4 por ciento a sus propietarios originales.

En España, el parque eólico La Noguera obtuvo un ingreso bruto de 10 millones 870 mil euros, y también pagó 4 por ciento por el arrendamiento de la tierra. En Alemania, el parque Hamburg tuvo un ingreso bruto anual de 10 millones 812 mil euros, y pagó también 4 por ciento.

En Francia el parque eólico La Chapelle ganó en términos brutos 7 millones 310 mil euros, pagó por arrendamiento 4 por ciento de esa cantidad. En Reino Unido el parque eólico Highland (ubicado en Escocia) tuvo un rendimiento bruto de 7 millones 474 mil euros, y pagó por arrendamiento de la tierra 4 por ciento del mismo.

En Estados Unidos, el parque Big Blue Wind Farm tuvo un rendimiento bruto de 7 millones 148 mil dólares, y también pagó el respectivo 4 por ciento.

En México, la empresa española Iberdrola (una de las consentidas por Felipe Calderón Hinojosa) obtuvo en su parque eólico Bii Nee Stipa ganancia bruta por 7 millones 148 mil dólares, y pagó por arrendamiento 0.025 por ciento, equivalente a 23 mil 600 pesos.

Caso contrario, y quizá único en el país, es el del parque eólico La Mata-La Ventosa, de la empresa francesa Energie Nouvelle, que obtuvo un ingreso bruto anual de 27 millones 957 mil euros (equivalente a 480 millones de pesos), y pagó 3.8 por ciento por el valor de la tierra, algo así como 16 millones 300 mil pesos.

Sobre el particular, el análisis de la instancia federal señala que en México “los aerogeneradores de las compañías españolas Acciona, Endesa, Preneal, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa se han instalado con base en saqueos de tierras, amenazas, engaños y promesas incumplidas a centenares de indígenas zapotecas y huaves del Istmo de Tehuantepec.

Los abusos se generalizan porque 60 por ciento de los ejidatarios de la zona son analfabetos, situación que aprovechan los inversionistas para cerrar contratos ventajosos, ya que hacen acuerdos de buena fe, engañando a los indígenas para firmarlos y posteriormente actuar de manera unilateral pagando un valor por debajo de lo que ganaría un agricultor por el uso de su tierra para otras actividades.