ólo dos de cada diez mexicanos tienen sus derechos a salvo, pero no como los ejidatarios de antaño: no son pobres, ni sufren carencias sociales en lo tocante a sus garantías sociales, gozan de acceso a la salud y puede que al final de su vida activa dispongan de fondos suficientes para un retiro digno.

Los demás se hacinan bajo techos endebles y se asientan sobre cimientos movedizos, o a la espera del próximo ciclón que traerá la lluvia devastadora. Casi todos ganan poco o muy poco, no tienen asegurado el empleo y sus hijos apenas se las arreglan para cursar el nivel básico educativo, antes de desertar e incorporarse al ejército de reserva –delincuencial o no–, siempre en las goteras de la violencia, el abandono o el riesgo sin fin, donde cunden la incertidumbre, la desazón familiar y personal, la corrosión de la vida en común.

En el núcleo de esta tragedia está la mala economía, que arroja como saldos incontrovertibles el mal empleo, el peor ingreso y la informalidad como recurso cotidiano. Y ahora, la cercanía de una nueva recesión sin que se hubiera alcanzado después de 2009 una efectiva plataforma de crecimiento sostenido.

Este es el entorno del país al que se quiere llevar de nuevo, a un escenario de riesgos mayores, sin deliberación previa ni seria que le permita a la ciudadanía decidir qué hacer frente a ellos, cómo y en qué secuencia arrostrarlos o si es o no conveniente hacerlo ahora. En materia energética, en particular, lo que priva es una premura inexplicada que llega a lo grotesco cuando el secretario de Energía se da el lujo de calificar de inconcebible la negativa de algunos o muchos, no lo sabemos ni él ni nosotros, a abrir la explotación del petróleo y quitar al Estado la exclusividad en la materia.

Esta es la perspectiva abierta por las reformas de estructura que tanto necesitamos y que el gobierno busca convertir en leyes en un plazo perentorio. Todavía no se cuentan los saldos políticos de la reforma fiscal, ni se aquilatan sus logros financieros y económicos, cuando la jauría de vendedores de garaje se desata de nuevo y reclama a partidos y legisladores, al gobierno en pleno, que confirmen el papel tributario que les asignó la gran transformación neoliberal y que el Pacto y la propuesta fiscal pusieron en cuestión, por lo menos a los ojos de la pandilla financista.

La premura es mala consejera y peor compañera para una buena política reformadora. El reformismo de fin de siglo pecó de precipitación y exceso de fe en sus axiomas, hasta llevar a la economía y al grueso de la sociedad urbana a los panoramas de casi estancamiento y fractura social presentes.

Repetir este error, propio de quienes niegan o banalizan la historia, su propia historia, confirmaría la pérdida de capacidad reflexiva de las elites gobernantes y revelaría las graves fallas de diseño y estructura del sistema político que resultó de la reforma política y la democratización de fin de siglo. Nada de eso se subsanará con la reforma de consolación panista a la que el PRD parece decidido a unirse como fauna de acompañamiento.

Quizás, sólo quizás, todavía tengamos tiempo de hacer un virtual alto en el camino para poner bajo observación las máquina de la gobernación y la producción social. Entre el frenesí globalizador y la angustia de su desplome no hemos podido hacerlo y ahora nos vemos obligados a pagar los costos de tal omisión. Y, sin embargo, lo que se vuelve a imponer es la prisa… el hoy, hoy, hoy, de triste recuerdo.

Esta reformitis de última generación contrasta dramáticamente con el movimiento maltrecho, disonante, de la economía y la política, alejadas de sus bases sociales de sustento, hostiles a cualquier acercamiento, tarea primordial de toda política democrática. De ahí la trascendencia de la convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas a realizar un referéndum en 2015 en caso de aprobarse las reformas constitucionales propuestas por el gobierno. No sólo ofrece un cauce constitucional para enmendar un despropósito de tal calibre; puede ser la mejor y más robusta ruta para acometer una nueva y profunda reforma del régimen político, hoy por hoy la fuente primaria de tanto desatino.

Esta separación entre las bases y las cúspides de la política y la riqueza llegó a extremos paroxísticos –estos sí inconcebibles– en la actual gloriosa batalla contra el fisco. El interés particular, gremial y sedicentemente regional, se antepuso al interés general, de la nación y su pueblo, y los encargados de definirlo y procesarlo mediante la deliberación política prefirieron hacer mutis y dejar el lugar a cabilderos y autodesignados representantes de toda laya.

La crisis de representación política larvada que ha acompañado a la transición a la democracia prácticamente desde su inicio se vuelve ahora con crudeza una crisis de la representatividad, cuyos vacíos pretenden llenar los negociantes. Herencia envenenada de aquel vacío rodeado de palabras, como Chávez Morado describiera a Vicente Fox en su laberinto.

La estructura institucional del Estado mexicano no permite enfrentar adecuadamente los riesgos sociales y los rezagos de la economía. La complejidad de los nuevos riesgos sociales, ha dicho Mario Luis Fuentes, rebasa y avasalla lo que hoy se tiene para proteger a la sociedad y promover su mínimo bienestar.

Algo similar se ha dicho en los documentos que desde 2009 ha dado a conocer el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata, precisamente, de eso: de intentar un nuevo rumbo. Es desde esta perspectiva que el Estado, en particular el Ejecutivo y el Congreso, deberían calibrar la conveniencia y urgencia de proseguir por la ruta de las reformas por pieza, sin atender al todo ni a sus implicaciones mediatas e inmediatas sobre la coordinación y la cohesión sociales.

En un comunicado reciente este grupo, del que me honro formar parte, se advierte: “No ha quedado demostrada la necesidad de la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo… Los alcances y las modalidades de la iniciativa carecen de una argumentación que corresponda a la magnitud de los cambios propuestos… No es recomendable emprender una reforma energética sólo a partir de las iniciativas de cambios constitucionales propuestas, y sin presentar o al menos ofrecer una idea suficientemente clara de los contenidos de la legislación secundaria y de sus implicaciones reglamentarias”.

Por eso y más: Pensamos que las propuestas de reforma energética y la iniciativa de Ley de ingresos sobre hidrocarburos deben ser debatidas con otros ritmos y modalidades, y por lo tanto solicitamos al Congreso que no precipite sus decisiones (Sobre las propuestas de reforma energética, Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, México, UNAM, 18/10/13).

Lo fundamental fue enterrado por la furia inmediatista del globalismo. Hoy está por delante y tenemos que (re) descubrirlo.