as presiones empresariales contra la reforma fiscal avalada por la Cámara de Diputados la semana pasada, en discusión actual en el Senado, han alcanzado tonos de amenaza y chantaje al Poder Legislativo, al gobierno federal, a la economía nacional y al país en su conjunto.

A la advertencia de la industria refresquera de que la imposición de un impuesto a sus productos derivará en 30 mil despidos, se suma lo señalado ayer por la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el sentido de que dará a conocer la lista de los legisladores que aprueben los gravámenes antiempresariales contenidos en el dictamen de ley hacendaria –impuestos a los dividendos en bolsa, a la comida chatarra y las bebidas azucaradas, así como reducciones a la deductibilidad de las prestaciones sociales–, con el supuesto fin de que la ciudadanía conozca qué representantes votaron a favor o en contra de la sociedad. Por su parte, Grupo México señaló que, en el caso de aprobarse impuestos como los referidos, nos veremos obligados a redirigir nuestro programa futuro de inversión de 5 mil 388 millones de dólares a países con mayor oportunidad de rendimiento a la inversión y en donde exista un régimen fiscal estable que estimule el desarrollo de la industria minera.

Con todo lo cuestionable que pueda tener la reforma fiscal que se discute en el Senado, no hay justificación alguna para que los grupos empresariales busquen incidir en un proceso soberano mediante presiones como las comentadas, que no parecen tener otro fin que sembrar en la población confusión y zozobra, acentuar la incertidumbre económica; deteriorar la de por sí menguada credibilidad de la institucionalidad política del país, y chantajear –de esa forma– a las instancias públicas encargadas de elaborar las leyes.

Por añadidura, la asonada empresarial contra la reforma fiscal resulta particularmente improcedente si se contrastan los argumentos de los empresarios con el contexto de privilegios que ha gozado ese sector en los años recientes. En efecto, resulta improcedente que la Coparmex se asuma como representante de la sociedad, cuando sus integrantes han disfrutado, por años, un régimen fiscal de excepción que resulta inimaginable para la mayoría de los contribuyentes. Por lo que hace a la amenaza de Grupo México en el sentido de reorientar sus inversiones a países con circunstancias más favorables para la industria minera, debe recordarse que ese sector ha obtenido en nuestro país desmesurados beneficios como resultado de disposiciones y concesiones otorgadas por los gobiernos del ciclo neoliberal. No es gratuito que muchas compañías mineras de Canadá –por mencionar un país aludido ayer por Grupo México– hayan encontrado en nuestro país condiciones mucho más favorables que en su nación de origen.

Con todo, detrás de la hostilidad empresarial en contra de las instituciones de la República hay una responsabilidad fundamental de los recientes gobiernos del país, los cuales, a la par del desmantelamiento del Estado en potestades y capacidades, han fomentado no sólo el crecimiento económico de los grupos empresariales, sino una influencia política desmesurada de los mismos, y su conversión en un poder fáctico que actúa en muchas ocasiones sin contrapeso alguno, incluso en contra de la legalidad.

Semejante confrontación de los intereses empresariales con las instituciones del Estado sólo puede tener un desenlace deseable: la acotación del referido poder fáctico acumulado por los propietarios de grandes conglomerados empresariales, el establecimiento de regulaciones estrictas que les impidan abusar del músculo económico para defender sus intereses. Si la autoridad no actúa en esos sentidos, se estará enviando a la opinión pública una señal inequívoca de debilidad, ineficiencia e irresponsabilidad, y se alentarán las pretensiones de impunidad de importantes sectores empresariales.