añana se presenta el Estado mexicano a la segunda ronda del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHONU). Previamente envió su informe respecto al cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos. El viernes próximo conoceremos las recomendaciones iniciales del consejo ante las cuales el Estado mexicano decidirá si las acepta, las rechaza o las deja pendientes. En su primera ronda, en 2009, recibió 91 recomendaciones, aceptó 83, rechazó tres y dejó pendientes cinco, así que en su informe 2013 debería dar cuenta de ello.

El documento oficial se inicia con una información de fondo, como la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, así como la promulgación de la nueva Ley de Amparo. A partir de ello se asemeja más al clásico modelo: plagado de acciones de los tres poderes, sin consideraciones respecto a su pertinencia de cara a las obligaciones de Estado. Debemos anotar que el Estado mexicano no llega solo, va acompañado de diversos informes de la sociedad civil que marcan un enorme contraste frente al discurso oficial. Es paradójico que la Secretaría de Relaciones Exteriores anota que consultó a muy amplios sectores, además de los tres poderes y sus instituciones, y queda la evidencia de que aplicaron el criterio clásico de te consulto, pero yo decido. Sólo así se entiende la afirmación: México se presenta a la segunda evaluación del EPU como un Estado que ha logrado avances trascendentales para garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, y que está decidido a no sufrir retroceso alguno en esta materia, gracias al trabajo conjunto entre los poderes del Estado, la sociedad mexicana y la comunidad internacional. En marcado contraste, organizaciones de la sociedad civil (OSC) dieron a conocer un informe en el marco de la segunda ronda del EPU. El documento destaca el aumento exponencial de las violaciones a los derechos humanos, principalmente derivado del contexto de violencia e impunidad que se vive en el país. Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (Cemda) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) confrontaron al Estado con otro detallado documento donde dan cuenta del incumplimiento a recomendaciones de 2009. Además, desde Oaxaca se presentó el Informe Ciudadano signado por numerosas organizaciones.

Colocando la mirada en los pueblos indígenas, encontramos el reflejo del modelo seguido en el informe oficial y el contraste con los de la sociedad civil. Dice el primero: Para atender a la población indígena, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha desarrollado programas en apoyo a la producción y economía indígena, como el Programa Fondos Regionales Indígenas, el Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas y el Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas. De 2009 a 2012 se destinaron recursos aproximadamente por 2 mil 930 millones de pesos en beneficio de productores, mujeres, organizaciones y empresas turísticas indígenas. Siguen otras menciones a programas específicos donde los claroscuros se dejan como retos. Por su parte y en contraste, las OSC asientan: Las condiciones de pobreza y marginación de los pueblos indígenas siguen marcadas por la desigualdad, reflejada en la falta de acceso a salud, y a la educación. Los recursos aplicados en las políticas y programas públicos continúan siendo utilizados como mecanismos clientelares y asistencialistas. El Estado debe crear programas que aborden directamente las causas estructurales de la pobreza en comunidades indígenas, con perspectiva de género y etnicidad. Igualmente, la Constitución no considera mecanismos que protejan a los pueblos indígenas de los actores estatales y no estatales que buscan ocupar sus territorios indígenas, bajo argumentos falsos de promoción del desarrollo. Destaca la expansión de megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada y el Estado, afectando directamente los derechos de los pueblos indígenas. Mientras, el informe Cemda-AIDA afirma: A la fecha, no existe legislación que reglamente ni medidas eficaces que implementen el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas ante el desarrollo de proyectos o actividades que afectan los territorios de estas comunidades como proyectos de minería, infraestructura y autorizaciones de cultivos transgénicos. En el mismo sentido apuntaron las organizaciones de Oaxaca.

Ya no son los tiempos en que el Estado mexicano tenía el poder de maquillar su situación interna. Ante la contundencia y evidencias de las organizaciones sociales, sin duda en derechos humanos no aprueba ¡ni de panzazo!