í, claro: es de obvia necesidad el establecimiento de impuestos a las mineras, a las refresqueras y demás consorcios devastadores del medio ambiente, la salud y el patrimonio de la población. Sí, por supuesto: se ha de gravar las transacciones y utilidades logradas por medio de la bolsa de valores. Sí, es evidente: el gobierno debe disponer de mayores recursos para reactivar la economía. Se sabe desde hace mucho tiempo que las grandes corporaciones y las grandes fortunas personales son y han sido benefactores de un modelo fiscal clasista y concentrador de la riqueza que premia a la riqueza y al capital y castiga a la pobreza y el salario. ¿Negarse a una corrección de la enorme injusticia presupuestal de que ha sido víctima el Distrito Federal por parte de la Federación? Claro que no. No nos vengan a contar ahora que descubrieron el hilo negro.
Pero tampoco es admisible que aleguen ignorancia y pretendan desconocer la circunstancia en la que se promueve medidas de esta clase ni su propósito evidente: cuando está en curso, además de esta reforma fiscal engañabobos, la entrega de la industria de hidrocarburos a capitales privados y, con ella, la pérdida de una parte sustancial de la renta petrolera. Cuando, en forma aritméticamente demostrable, el régimen que encabeza Peña Nieto pretende allegarse de dineros adicionales en previsión del achicamiento inminente de los recursos que Pemex aporta al gasto gubernamental.
Si se tratara de una modificación aislada del sistema de gravámenes, la reforma fiscal aprobada sería una medida plausible. Vista en el contexto de las otras reformas peñistas, se trata de una zanahoria concebida para atenuar en lo político, y complementar en lo hacendario, el palo de la privatización petrolera. Pero los políticos y legisladores de izquierda
entregados al Pacto por México dicen que no lo saben y aseguran que han logrado una gran cosa. Ya los verán justificarse con el alegato de que perdieron en la defensa de los artículos 27 y 28 constitucionales pero que se anotaron un triunfo en el establecimiento de impuestos más justos, y que nunca se puede ganar o perder todo, y que no hay que ser maximalistas, y que qué injusta es la gente que los delezna, y que qué caray.
En lo inmediato hay que tener claro que las modificaciones legales propugnadas por el peñato –la laboral propiamente dicha, la laboral disfrazada de educativa, la de telecomunicaciones, la fiscal y la energética– son un solo paquete regresivo, antinacional y antipopular, que destruye derechos y conquistas laborales, vulnera gravemente la soberanía, el patrimonio y el futuro de la nación, y traslada al grueso de la sociedad el gasto dispendioso de una institucionalidad ineficiente, corrupta y carente de representatividad. Desde luego, la pretendida capacidad de ese paquete para reactivar la economía y recuperar el crecimiento es una engañifa más de la propaganda gubernamental: en realidad, se trata de un paquete recesivo.
Ciertamente, el régimen cuenta con sobradas fuerzas legislativas para imponerlo, en todas sus partes, en ambas cámaras. Es fuera de ellas y fuera del ámbito de la formalidad política donde deberá enfrentarse el ajuste legal peñista mediante la desobediencia civil pacífica.
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