e acuerdo con un documento secreto de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) que fue filtrado por el ex consultor Edward Snowden y publicado ayer por Der Spiegel, esa dependencia logró infiltrar un servidor de la Presidencia de México, en mayo de 2010, y obtener acceso a la cuenta pública de correo electrónico de Felipe Calderón cuando éste fungía como titular del Ejecutivo federal. Esa cuenta, que era también usada por diversos miembros de su gabinete, contenía comunicaciones diplomáticas, económicas y de dirigencia que permitían obtener información interna sobre el sistema político mexicano y su estabilidad, y su hackeo constituyó una fuente lucrativa de datos de inteligencia para la propia NSA.

Esta revelación complementa lo dado a conocer el mes pasado por Tv Globo –y publicado en México por este diario– de que en 2012 el espionaje estadunidense se jactaba de mantener una estrecha vigilancia sobre las telecomunicaciones del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, y constituye una confirmación concreta de la intromisión generalizada y sistemática de Washington en la información confidencial de buena parte de los gobiernos del mundo.

Lo novedoso, pues, en rigor, no es que el gobierno del país vecino se infiltrara en las comunicaciones internas de las instituciones mexicanas, sino que lo hiciera incluso durante la más sumisa y claudicante de las administraciones federales mexicanas; porque, en efecto, durante el sexenio pasado la Presidencia prácticamente puso la dirección de la seguridad pública, así como la información correspondiente, bajo los designios de Washington, como muestran los cables del Departamento de Estado que Wikileaks entregó a este diario y que fueron publicados en estas páginas en el curso de 2011.

Tales documentos permitieron saber, por ejemplo, que en enero de 2007 el secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, ofreció a Michael Chertoff, entonces responsable de la seguridad interior de Estados Unidos, libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública (La Jornada, 25/05/11, p. 2), así como la participación de la embajada estadunidense en la formulación y aplicación de estrategias policiales y militares (véase, por ejemplo, La Jornada, 15/03/11, p. 4)

Incluso ante ese exasperante sometimiento a las autoridades del país vecino, la NSA mantuvo una supervisión ilegal de las comunicaciones electrónicas de Los Pinos. Ello da una idea del daño causado a la soberanía nacional, no sólo por la docilidad del propio Calderón ante el gobierno de Estados Unidos, sino también por el espionaje regular que éste mantuvo en todo momento sobre el entorno presidencial mexicano.

Lo anterior constituye un aliciente adicional para que el presente gobierno adopte una actitud más firme y enérgica ante el país vecino y exija el cese inmediato del espionaje, una explicación exhaustiva de las formas y modalidades en las que éste ha sido practicado y la destrucción comprobable de toda la información obtenida por esas vías ilícitas. Sin una actitud semejante, cualquier deslinde de la administración actual con respecto de la anterior en materia de soberanía y seguridad pública carecerá de credibilidad, y las instituciones y los ciudadanos de México seguirán sujetos al robo impune de su información por parte de las agencias gubernamentales de Estados Unidos.