Aun con las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados a la propuesta original de reforma hacendaria y fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, su contenido es considerado lesivo para los trabajadores.

A los senadores de extracción obrera les preocupa sobre todo que se haya mantenido la disposición de disminuir el porcentaje de impuestos que los empresarios pueden deducir en el pago de prestaciones sociales, ya que los patrones pueden recortar o suspender vales de despensa, cajas de ahorro y ayuda para transporte, entre otras.

Al respecto, el senador priísta y dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González, señaló que propondrán que en lugar de 41 por ciento, los empresarios puedan deducir esos pagos de prestaciones sociales hasta en 80 por ciento, para no dar pie a que se limiten esos derechos, plasmados en los contratos colectivos de trabajo.

Las minutas aprobadas en la Cámara de Diputados serán revisadas a detalle en el Senado, dijo, especialmente en lo que se refiere a la deducibilidad de las empresas y el establecimiento del seguro de desempleo.

Un estudio elaborado por los senadores y diputados del sector obrero del PRI, previo a la negociación en San Lázaro, advierte que el no poder deducir el pago de prestaciones sociales al 100 por ciento incrementará el costo de la mano de obra a las empresas, debido a que tendrán que pagar el costo de la prestación y un impuesto de alrededor de 30 por ciento por el porcentaje de las mismas que no quedó exento de gravar. El riesgo, se advierte en el estudio, es que los patrones las reduzcan o las eliminen de la contratación y se opte por empleos precarios.

Actualmente empresas y sindicatos recurren a ese esquema de pago de prestaciones, entre las que se incluyen también seguros médicos, becas para los hijos de los trabajadores, guarderías, apoyo para actividades culturales y deportivas, con el propósito de tener un doble ahorro: para el asalariado que no paga impuestos por ello y para el empresario, porque lo deduce en su totalidad del pago de gravámenes.

En el documento se señala que desde que se impusieron los topes salariales, en la década de los noventa, el propio gobierno incentivó a sindicatos y empresas a complementar el ingreso obrero a través de prestaciones, por lo que la propuesta de reducir la deducibilidad es absolutamente injusta, sobre todo si se considera que el salario acumula una pérdida de 70 por ciento en su poder de compra.

El senador González reconoció que hay el riesgo de que los empresarios traten de evadir el pago de las prestaciones sociales, aunque esté pactado en el contrato colectivo, por lo que es necesario que se modifique en ese tema la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.

Respecto del seguro de desempleo, que sólo quedó enunciado y su financiamiento se definirá en una ley secundaria, el senador priísta dijo que los legisladores del sector obrero están de acuerdo con la posibilidad de que se use sólo 0.25 por ciento de los fondos de vivienda de los trabajadores y un porcentaje similar aportado por el gobierno federal para fondearlo.

Lo que de ninguna manera aceptamos es que ese dinero de la cuenta de vivienda, que se utilizará en el seguro de desempleo, vaya a dar a una Afore, y que el fondo solidario sea manejado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nuestra propuesta es que esos recursos queden en el Infonavit.

Insistió en que estarán pendientes de que así se establezca en la modificación legal posterior.