El dictamen de las leyes de la pensión universal para adultos mayores y del seguro de desempleo para trabajadores formales fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Se espera que el jueves de la semana próxima el pleno camaral avale la propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La iniciativa original pretendía que los trabajadores aportaran a un fondo solidario el 3 por ciento de su ahorro de vivienda para financiar el fondo de pensiones, como documentó La Jornada. No obstante, la presión que el sector obrero imprimió al Congreso fructificó y se determinó que la aportación de los empleados se redujera a 0.25 por ciento de sus respectivos ahorros. Así, corresponderá al gobierno destinar los recursos necesarios para la operación del programa.

También el Ejecutivo había propuesto incluir a los apartados A y B para que los trabajadores afiliados al Seguro Social y los que prestan sus servicios al Estado aportaran al financiamiento del seguro. No obstante, prevaleció el criterio de los diputados para excluir a los burócratas, porque se consideró que éstos, al momento de perder el empleo o acogerse a los programas de retiro voluntario son indemnizados.

Los diputados consideraron que la propuesta del gobierno federal reducirá los efectos del desempleo, y la misma se eleva a rango constitucional. Incluso se asume que el seguro sea administrado y ejecutado por el IMSS. Por esa razón, se adicionará el seguro de desempleo del apartado A al artículo 123 de la Constitución, para efectos de que su regulación esté incluida en la ley del instituto.

Sobre la pensión universal para adultos mayores, el presidente de la comisión dictaminadora, Julio César Moreno Rivera (PRD), refirió que los adultos mayores constituyen una parte de la población generadora de desarrollo social, económico y político del país, por lo que es imperativo que desde el Legislativo se lleven a cabo las reformas que permitan garantizar que el adulto mayor envejezca con seguridad y dignidad.

El dictamen establece una garantía a los trabajadores del sector formal que se encuentren en situación de desempleo, con un mecanismo que evite el detrimento del nivel de vida de sus familias y les permita reinsertarse en el mercado laboral lo más pronto posible.

La pensión universal, reconoce la obligación del Estado mexicano de proteger los derechos de las personas adultas mayores, velar por que vivan con dignidad y seguridad, y que reciban servicios de salud. Promoverá su integración social y participación en actividades económicas, políticas, educativas y culturales.

En los posicionamientos, el perredista José Ávila Pérez señaló que no hay nada más indigno que tener a los abandonados a los adultos mayores y en incertidumbre a los trabajadores en desempleo.

El panista Fernando Rodríguez se sumó a la preocupación por atender a los sectores desprotegidos, como las personas de la tercera edad y las que se encuentran sin ingresos; no obstante, lamentó que en el actual propuesta no se consideren a las personas con alguna discapacidad. No se deben condicionar los servicios, como la pensión universal, a la cantidad de recursos con los que se cuente en el presupuesto. Mientras, la priísta Rocío Abreu Artiñano resaltó que la reforma reconoce el derecho a quienes más han dado al país, los adultos mayores.