Bogotá, 18 de octubre.

No estoy muerta políticamente. Sueño con un país mejor y lucharé por construirlo, manifestó la ex senadora Piedad Córdoba luego de que la Corte Constitucional de Colombia le confirmó la inhabilitación para ocupar cargos públicos que le fue impuesta en 2010, al negarle una solicitud de amparo, por lo que, dijo, llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Córdoba, conocida por su papel de mediadora para la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por convertirse más tarde en interlocutora de los jefes de los paramilitares presos en Estados Unidos en la negociación por revertir las extradiciones decididas por el ex presidente Álvaro Uribe (2006-2010), fue inhabilitada 18 años por la Procuraduría General, por lo que la sanción se extenderá hasta 2028.

La política liberal fue sancionada debido a que la procuraduría consideró que incurrió en una extralimitación de sus funciones como mediadora para la liberación de rehenes de las FARC. Incluso el Congreso la destituyó posteriormente de su escaño parlamentario.

La también dirigente de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz interpuso un amparo ante la Corte Constitucional, en el cual alegó que la procuraduría no tenía facultades para aplicarle dicha sanción.

La Corte Constitucional determinó la noche del jueves que el procurador general sí es competente para ejercer la vigilancia superior de las funciones desempeñadas por los congresistas, para lo cual puede adelantar las investigaciones e imponer las sanciones disciplinarias definidas en la ley.

La ex senadora dijo respetar el fallo constitucional, pero no compartirlo. El país no puede estar bajo control de la procuraduría, sea quien fuere el procurador, aseveró en su cuenta de Twitter, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo a la política liberal.

Añadió: He obrado en conciencia por la paz. Acudiré ante instancias internacionales buscando amparo a mis derechos.

En otro asunto, representantes de 102 pueblos indígenas que llevan a cabo una movilización en 17 departamentos del país en demanda de mejoras a sus condiciones de vida y reivindican territorios denunciaron atropellos y el uso desmedido de la fuerza pública en varias regiones que dejaron saldo de 25 heridos.

Cerca del municipio de Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda, unos 6 mil indígenas bloquearon una vía y retuvieron a cinco integrantes de las fuerzas de seguridad tras obstruir el paso vehicular en una carretera.

Por su parte, pequeños productores de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño indicaron que tras cinco semanas de negociaciones con delegados del gobierno no se ha logrado ningún avance, y abandonaron una mesa de negociaciones con las autoridades.

El vocero de los pequeños agricultores, César Pachón, indicó que el gobierno ha incumplido los acuerdos pactados y que analizarán si retoman el paro realizado entre el 19 de agosto y el 7 de septiembre, que dejó bloqueadas regiones del centro del país, hasta lograr una verdadera defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía.

A los campesinos se unieron desde estudiantes universitarios, quienes reclaman una deuda por unos 2 mil 600 millones de dólares con los centros de estudios.

Por otro lado, tres trabajadores petroleros colombianos fueron liberados por el Ejército de Liberación Nacional, que los mantuvo secuestrados por algunas horas en el departamento de Arauca, informó la policía.

Los trabajadores, de una empresa contratista de la estadunidense Occidental Petroleum Corp, fueron liberados ante la presión de las fuerzas militares, las cuales comenzaron un operativo para tratar de rescatarlos.