El Ministerio Público de la Federación es una institución debilitada debido a que ha perdido la confianza de la ciudadanía por estar alejada de ésta, admitió Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al participar en el foro internacional Violencia, inseguridad y víctimas: una agenda para los derechos humanos, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el funcionario federal detalló que las instituciones públicas deben recibir críticas, exigencias y presión de la sociedad para nutrirse de ella y así fortalecer la relación con la ciudadanía.

Las instituciones de la República que se encuentran debilitadas por su separación, por su lejanía, por la desconfianza de la sociedad, sólo pueden encontrar nutrientes en la propia sociedad. Sólo se alimentarán y volverán a asumir capacidad de fuerza, movimiento y acción a partir de nutrirse de la propia sociedad.

García Cervantes consideró que tras analizar las críticas ciudadanas, instituciones como el Ministerio Público deben responder con transparencia. Sin embargo, admitió que la confianza entre estos organismos y la ciudadanía aún está lejos.

A su vez, Verónica Martínez Solares, de la Organización Internacional para la Asistencia a Víctimas, apuntó que con la estrategia de seguridad y guerra contra el narcotráfico que siguió la administración de Felipe Calderón se incrementó la violencia, y se deterioró la calidad de vida de las personas.

Aun cuando desde su organización se plantearon en dos ocasiones un diagnóstico y propuestas para atender la problemática con base en conocimiento científico y experiencias internacionales, el gobierno federal no nos escuchó, argumentando que esos esquemas no funcionarían en México.

La violencia en el país, cuyos picos más altos fueron entre 2010, 2011 y parte de 2012, generó gran número de víctimas, quienes por la desconfianza en las autoridades y ante la ineficacia de éstas, deben realizar sus propias investigaciones de los casos de familiares (desaparecidos, asesinados u otros). Martínez Solares resaltó que 92 por ciento de los deudos no se acercan al sistema de justicia penal y se callan el dolor porque en muchas ocasiones son revictimizados.

Mercedes Peláez Ferrusca, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, admitió que en el país el camino de las víctimas que claman justicia es largo y tortuoso. Aun cuando la realidad demuestra que la urgencia es que sean atendidas, el primer fallo del Estado es la desprotección.

Uno de los reclamos más constantes que hacen las víctimas es la frustración de acudir a instancias y conseguir respuestas equívocas sobre quién es la autoridad obligada a atender su caso y ayudar a remediarlo, apuntó la funcionaria.

Eliana García, ex integrante del Movimiento por la Paz y hoy coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la PGR, resaltó la relevancia de que el país cuente con la nueva ley de víctimas aprobada recientemente, que surgió del movimiento social y cuyos antecedentes se remontan a casos como el de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada cometida por elementos del Ejército en 1974.