El pasado 11 de octubre, mientras atendía a una mujer embarazada en el Hospital General Doctor Gea González, donde realiza su primer año de internado como parte de sus estudios de medicina, Julio Pisanty Alatorre, de 24 años, recibió una llamada telefónica de un amigo: “Te están acusando de anarquista; tu nombre salió en los periódicos”.

El impacto de esa noticia provocó curiosidad y temor en el joven estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien desde entonces considera que su integridad física y sicológica está en riesgo.

Al terminar su turno en el hospital, de inmediato buscó la noticia y, en efecto, un informe del Gobierno del Distrito Federal lo señalaba como parte de los grupos que participan en actos violentos durante las manifestaciones públicas.

Dos fueron mis preguntas: ¿por qué existe un informe de esa naturaleza y por qué aparece ahí mi nombre? La única información verídica es que yo soy estudiante de la Facultad de Medicina, sostiene.

En entrevista con La Jornada, Pisanty Alatorre manifiesta su preocupación a raíz de la aparición de ese reporte, publicado en algunos medios de comunicación, en el que se dan los nombres de 11 personas, a quienes se califica de anarquistas que han participado en enfrentamientos durante las marchas. Ahora veo riesgos para mi integridad; no es algo trivial. Es una calumnia de Estado e implica una amenaza.

El joven, quien cursa el quinto año de la carrera de medicina, no niega su participación en manifestaciones públicas y en movilizaciones sociales, cuando sus actividades médicas y académicas se lo permiten, pues cada tres días hace guardia de más de 30 horas continuas en el hospital y debe actualizarse.

Acepta que participó en la movilización del 2 de octubre –día en que se recuerda la matanza de Tlatelolco–, pero niega en forma rotunda haber intervenido en los enfrentamientos con la policía.

Hace un año fue activo participante en el movimiento #YoSoy132, ha manifestado su desacuerdo dentro del sector médico por las extensas jornadas laborales en esa profesión y hace dos años compitió para ser consejero universitario en la UNAM.

Considera que la enorme desigualdad que existe en el país es razón suficiente para protestar. Sin embargo, niega ser parte de los sectores que se enfrentan con la policía o que pertenezca a un grupo anarquista, a cuyos integrantes, durante la charla, nunca califica de personas violentas, y asegura que difiere de esa filosofía política, que desde su perspectiva no se debate a fondo en los medios informativos.

Una de las principales diferencias de sus ideas con el anarquismo –que plantea la desaparición del Estado– es que en la actualidad los hospitales necesitan del aparato estatal para poder funcionar y brindar servicios públicos. En sus prácticas cotidianas ha visto personas que no pueden pagar unos estudios o medicinas, o que se enferman por falta de recursos.

Luego de que el informe del Gobierno del Distrito Federal se difundió en los medios de comunicación, Pisanty Alatorre recibió un sinnúmero de muestras de apoyo a través de las redes sociales, sobre todo de estudiantes universitarios tanto de instituciones públicas como privadas. Esa solidaridad le dio fuerza para enfrentar el impacto de saberse señalado, por lo que agradece a todos los que se solidarizaron con él.

Es sistemática la manipulación de ese tipo por parte de las autoridades. Es un intento de criminalizar la protesta social; es triste que se haya llegado a un nivel tan burdo en el debate. Y ese hecho también nos obliga a reflexionar acerca del papel de los medios de comunicación, que reproducen información oficial sin el menor intento de verificar y confirmar los datos y las fuentes. Por ello exige más ética y responsabilidad a esos periodistas.

Pisanty es un apasionado de la medicina: un día de guardia llega al hospital a las siete de la mañana y termina su jornada a las 15 horas del día siguiente; cuando no le corresponde ese horario se actualiza, estudia y lee. Además, está al tanto del acontecer nacional. A veces el tiempo no le alcanza y de ahí que sea asiduo crítico de las extensas jornadas a las que se somete a los médicos internistas, ya que no es sencillo operar a alguien después de 36 horas de estar despierto, aunque acepta que en esta lucha no ha tenido mucho éxito. Al concluir su internado (dentro de dos meses) iniciará su servicio social, y está seguro que lo hará en alguna de las comunidades más necesitadas del país.

Afirma que la criminalización de su persona no evitará que continúe participando en las manifestaciones y defendiendo sus ideas y convicciones. Somos muchos los que creemos que la gente de este país puede aspirar a una vida más digna como colectividad.