La Cámara de Diputados introdujo en la reforma hacendaria una modificación propuesta por la telebancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que impedirá al erario recibir 120 mil millones de pesos por concepto de cobro del aprovechamiento por la banda de 2.5 gigahercios (Ghz), al reducir a más de la mitad los derechos que proponía el presidente Enrique Peña Nieto para las televisoras, radiodifusoras y telefónicas.

Después del petróleo, el sector radioeléctrico es el más rentable en el país, y por tanto en el cuerpo de la iniciativa de Ley Federal de Derechos el Presidente había propuesto modificar el artículo 244-G para que las empresas concesionarias pagaran por unidad de kilohercios el doble de lo que las televisoras, radiodifusoras y telefónicas están obligadas a erogar por el uso de ese espacio de voz, datos e imagen.

El país se divide en nueve regiones de cobertura de la banda 2.5; en cada una la propuesta presidencial pretendía elevar el monto de las obligaciones de los concesionarios. Los ejemplos más significativos de los cambios aplicados al documento se explican en la región que abarca Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila (con excepción de los municipios de Francisco Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca). Se pretendía cobrar 5 mil 971 pesos por unidad y la Comisión de Hacienda lo modificó a la baja con 2 mil 606 pesos. También en el área del estado de México, Hidalgo, Morelos y Distrito Federal se había considerado cobrar 8 mil 685 pesos, y los diputados redujeron ese monto a 3 mil 790 pesos.

El ‘‘regalo de la telebancada, elaborado por el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Federico González Luna (autor de la ley televisa)”, refirió el vocero del grupo parlamentario del PRD, Carlos Reyes Gámiz, fue aceptado acríticamente por la Comisión de Hacienda ‘‘porque la justificación que me dieron es que ya se había negociado con el secretario del ramo, Luis Videgaray”.

El promotor de esa medida fue Tomás Torres Mercado (PVEM), quien reconoció ante Reyes Gámiz que la pérdida no representaría un monto de 6 mil millones de pesos, como el perredista había denunciado, sino “de 120 mil millones –me dijo–; es mucho, muchísimo más que tu cálculo. Yo me voy a zafar’’.

El perredista contó que de inmediato, ante el conflicto que se avecinaba porque a las clases medias se le carga la mano con los impuestos, incluso a los perros y a las televisoras se les mima, comenzó una frenética negociación para excluir el beneficio en el dictamen.

Las probables soluciones al entuerto pasaban anoche por aceptar una reserva que regrese a la iniciativa original del Ejecutivo; enviar como se encuentra la minuta al Senado de la República, en espera de que ahí se deseche el ‘‘regalo’’ a las televisoras, o que el tema se turne al Ifetel (Instituto Federal de Telecomunicaciones) para que éste defina las nuevas tarifas.