La Procuraduría General de la República (PGR) tiene acreditado que, entre 1999 y 2011, unos 10 millones de créditos hipotecarios e inmobiliarios fueron sobrevaluados hasta en 40 por ciento, pero no ha solicitado las órdenes de aprehensión ante el juez competente porque aún no resuelve qué funcionarios y ex servidores públicos son los probables responsables de los delitos de peculado, fraude genérico y específico, en colusión con empresarios de ese ramo, según consta en documentos ministeriales a los que se tuvo acceso.

Fuentes de la PGR consultadas indicaron que los fiscales que investigan este caso analizan la posibilidad de citar, en calidad de testigo, a José Reyes Baeza, ex gobernador de Chihuahua y actual vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (Fovissste), quien el pasado 8 de octubre informó a los medios de comunicación que entre 2008 y 2011 sólo ese organismo otorgó 40 mil créditos hipotecarios irregulares, lo que representó una posible afectación patrimonial a cientos de familias y un desvío de recursos públicos por al menos mil 500 millones de pesos.

Un oficio que consta en las averiguaciones previas PGR/UEIDFF/FINM06/173/2009 y PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/20/2010, del que tiene copia La Jornada, contiene la conclusión de José Ángel Rodríguez Villarreal, agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa seis, quien en síntesis sostuvo que están plenamente acreditadas las conductas de peculado y fraude en perjuicio de las familias denunciantes.

Una de las partes sustanciales del mencionado documento refiere que del estudio aplicado a las constancias que integran la presente indagatoria, y principalmente al escrito inicial de querella, se desprende que las conductas delictivas corren a cargo de las empresas (sociedades financieras de objeto limitado y varias constructoras) involucradas, las cuales llevaron a cabo una inadecuada aplicación de los fondos públicos que les fueron dispuestos para su administración.

Rodríguez añadió que “se aplicaron recursos públicos federales para la construcción y adquisición de viviendas con materiales y calidades de urbanización inferiores a las ofrecidas, así como también con los recursos financiados por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), además de que se adquirieron viviendas en conjuntos habitacionales que no cuentan con los servicios públicos (áreas verdes, parques, escuelas) que se ofertaron y que se contrataron.

Por último, cabe señalar que se constituyeron fideicomisos para el financiamiento de viviendas mediante programas de renta con opción a compra con recursos de la multicitada SHF y se realizaron contratos de arrendamiento con opción a compra, en lugar de los contratos de créditos hipotecarios correspondientes, en contravención a los lineamientos de la Ley Orgánica de la citada sociedad, provocando con ello aplicar de forma distinta a lo que se destinó los recursos que les fueron otorgados, concluyó el funcionario de la PGR en el escrito en poder de este diario.

Ambas averiguaciones previas están en manos de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, a cargo de Renán Cleominio Zoreda Novelo, quien designó como fiscal del caso a Jorge Antonio Luna Calderón, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

El problema, de acuerdo con las fuentes ministeriales consultadas, es que Luna Calderón es juez y parte en esta indagatoria, ya que antes de ser nombrado funcionario de la PGR se desempeñó como apoderado legal de la firma Recuperadora de Deuda Hipotecaria, S de RL de CV, que fue beneficiada por la venta de cartera vencida que el Infonavit le otorgó correspondiente a 18 mil créditos hipotecarios de casas sobrevaluadas.

Entre 1999 y 2011, sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) otorgaron préstamos hipotecarios sobrevaluados en 40 por ciento.

Desde el 19 de marzo de 2009 fueron presentadas las denuncias contra los directivos de las desarrolladoras de vivienda Urbi Desarrollos Urbanos, Homex, Geo, Ara, Sadasi, Promotora de Viviendas Integrales y Ke Desarrolladoras, refirió el vocero.

También se citó en las querellas como presuntas responsables a Sofoles-Sofomes: Patrimonio, Hipotecaria Nacional Bancomer, Ge Money Hipotecaria (hoy Santander), ING Hipotecaria, Hipotecaria Su Casita, Metro Financiera, Crédito y Casa, Condesa Financiera; a los bancos Banorte, Banamex, HSBC, Scotiabank y Deustche Bank México, y a título personal, al ex director general de SHF, Gavito Mohar; por el ex director general adjunto jurídico y fiduciario de SHF, Torcida Amero; por el ex vocal ejecutivo del Fovissste, Manuel Pérez Cárdenas, y por el ex director general del Infonavit Víctor Manuel Borrás Setién.