La política de los gobiernos de Estados Unidos y de México hacia los migrantes menores de edad es violatoria a los derechos humanos y del interés superior del niño, se señaló ayer durante la audiencia pública Solicitud de opinión consultiva sobre niñez migrante, convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).

Representantes de organizaciones mexicanas encargadas de atender a migrantes señalaron que, más allá del discurso oficial, en ambas naciones se vulneran derechos de los menores, como a la no deportación y a la no privación de la libertad.

Los participantes en la audiencia demandaron que el sistema interamericano instituya medidas para la protección de los derechos humanos de ese grupo, que se encuentra en situación eterna de vulnerabilidad.

Fue denunciada públicamente la política del gobierno de Estados Unidos, que pone en peligro la vida de los menores que son detenidos en ese país y utilizados como testigos de cargo contra la delincuencia organizada.

Silvia Esmeralda Flores Rodríguez, encargada del Programa de Defensa e Incidencia Binacional de la iniciativa Frontera Norte de México, aseveró que en el país vecino existe un clima xenófobo y discriminatorio mediante leyes y programas que permiten el uso de los perfiles raciales para la aprehensión arbitraria, ocasionando la agilización de deportaciones y disminuyendo la calidad del debido proceso de cada persona detenida.

Añadió que en lo que va del año 10 mil 392 menores han sido repatriados de Estados Unidos a México. Las acciones del gobierno estadunidense violan el principio internacional de no devolución de la niñez migrante, indicó.

Añadió que esa situación es particularmente grave cuando los menores son utilizados por la delincuencia organizada para el tráfico de personas o drogas, y al ser detenidos los niños en ese país en ocasiones son utilizados como testigos de cargo y, una vez terminadas las investigaciones penales correspondientes y terminada su participación, son simplemente retornados a México, poniendo en peligro su vida al quedar a expensas de represalias de los criminales.

Lourdes Rosas Aguilar, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de Tapachula, Chiapas, aseveró que más allá de eufemismos la política del Estado mexicano hacia los menores migrantes está plagada de irregularidades que violan el interés superior del niño y la protección real de sus derechos.

En los hechos, las autoridades violentan la integridad física y emocional de los menores que van de tránsito hacia Estados Unidos y los que se quedan a vivir en México.

Denunció que, a pesar de lo que señalan las leyes vigentes, los menores son enviados a estaciones migratorias, en lugar de canalizarlos a albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Comentó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, tan sólo en agosto pasado fueron detenidos 6 mil 214 menores en la frontera sur, de los cuales 5 mil 205 tenían entre 12 y 17 años de edad.

Los niños hasta de 11 años también son privados de su libertad cuando son llevados a albergues del DIF, dijo.

Agregó que la estación migratoria Siglo XXI parece un centro penitenciario, con planchas de cemento para dormir, baños sin puertas y rejas para separar espacios. En el lugar hay un módulo del DIF donde están los menores. La calidad de los alimentos es mala y falta atención sicológica especializada.

A la vista de todas esas irregularidades, podemos afirmar que la política del Estado mexicano hacia esos menores es una práctica sistemática de detención y deportación automática; el objetivo del control migratorio se impone sobre cualquier consideración relacionada con el interés superior del niño, subrayó.