Los países que integran el sistema interamericano están en una etapa de transición en el camino para hacer efectivo el derecho de los migrantes –independientemente de su estatus– a la salud, la educación, al debido proceso, a la no criminalización por su situación, a ser detenido o expulsado únicamente en casos extraordinarios, así como a la protección de la familia y de los niños.

Lo anterior quedó de manifiesto en el contexto del 48 periodo extraordinario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), en la audiencia pública del Caso Tide Méndez y Otros vs República Dominicana, que trató sobre la presunta deportación ilegal de 27 personas de ese país a Haití –de las cuales 22 eran dominicanas–, quienes de acuerdo con sus testimonios fueron expulsados de su país por el color de su piel y por su situación de pobreza.

Encabezados por el presidente de la Coridh, el juez Diego García-Sayán, los juzgadores escucharon ayer a las víctimas que se quejaron de haber sido expulsadas ilegalmente de República Dominicana hace más de 12 años.

William Medina Ferreras –una de las víctima– dijo al rendir su testimonio: “Carolina (su hija) tenía una pequeña gripe un día antes, cuando llegaron los sosomozo (los agentes dominicanos), lo hicieron violentamente y abrieron la casa con el rifle que tenían. La niña estaba durmiendo, tenía cinco años, se asustó. Entonces, la brisa del aire le dio a la niña, de ahí le atacó una enfermedad, le dicen ataque epiléptico. Yo no sabía qué hacer, no tenía con qué llevarla al médico y se me murió en las manos”, dijo el hombre de piel morena, quien debido a su pobreza tuvo que pedir limosna para enterrar a su pequeña.

Pérdidas irreparables de los afectados

Al responder a una pregunta sobre cómo podría reparar República Dominicana su situación, él respondió: “Pienso que el Estado dominicano tendrá que recuperar lo que tengo perdido, pero lo único que no voy a poder recuperar es mi hija, que ya no pudo sobrevivir. Pero la vida de mi hija ellos no van a poder devolvérmela…”

Paola García, integrante de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, de Nueva York, comentó, por su parte, que de acuerdo con cifras oficiales, entre el 16 de agosto de 2012 y el 26 de septiembre de 2013 fueron deportados 47 mil 700 nacionales haitianos que han ingresado de manera ilegal a República Dominicana.

Los criterios que aplica el Estado dominicano para las expulsiones son: el color obscuro de la piel y un apellido afrancesado, dijo uno de los peritos que habló durante la audiencia.

Pablo Ceriani, experto argentino en temas migratorios, destacó que si bien hay avances en la mayoría de los países de la región en reconocer los derechos de los migrantes, en la práctica temen acercarse a los servicios de salud, a servicios de justicia, entre otros, porque piensan que esa acción podría derivar en algún tipo de control o denuncia por su situación migratoria.

En la audiencia pública participan víctimas, defensores, peritos y funcionarios del gobierno de República Dominicana, quienes además de no aceptar responsabilidad alguna de su país, fueron particularmente duros en sus cuestionamientos a las víctimas, a sus defensores y a los peritos. La audiencia de este caso concluye hoy.