Aún no se percibe que las políticas del gobierno en materia de desaparición forzada hayan logrado una reducción de la violencia y una racionalización en el uso de la fuerza, afirmó Santiago Corcuera, académico e integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En entrevista con La Jornada, el jurista y activista destacó que lo que sucede en México es la secuela o continuación de lo que generó la fallida estrategia (de guerra contra el crimen organizado) de Felipe Calderón, la cual provocó cataratas de sangre y desapariciones forzadas que han generado un problema tremendamente gordo, cuya reducción aún no se nota.

Si bien, dijo, hay que admitir que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado algunas luces, como la creación de la unidad especializada en la búsqueda de desaparecidos, urge que la Procuraduría General de la República (PGR) nos informe sobre lo que está haciendo.

Esto, agregó, porque hay rumores de que está creando un protocolo de búsqueda en coordinación con entidades de la República para activar mecanismos de hallazgo de desaparecidos en forma inmediata. Pero no lo sabemos, porque no se ha dado un informe sobre cuáles han sido las actividades y los resultados que esa raquítica unidad ha realizado. La ciudadanía merece esa información: qué han hecho, qué resultados han tenido.

Entrevistado tras su participación en el tercer curso internacional Políticas públicas de igualdad para una sociedad de derechos, sostuvo que persiste el incumplimiento del Estado mexicano de las recomendaciones que le hizo el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias, al cual perteneció Corcuera de 2004 a 2009.

Tras precisar que sus comentarios los hace en su calidad de académico de la Universidad Iberoamericana, refirió que el gobierno federal prometió eliminar la ley y la práctica del arraigo. Murillo dijo que no le gustaba (esa ley) y la iba a quitar. Estamos a 10 meses y no la ha quitado. Nosotros quisiéramos que se elimine de la Constitución, de las leyes, tanto a escala federal como local.

Aseguró que también en el DF nos engañaron. Nos dijeron que lo iban a eliminar, pero sólo le cambiaron el nombre y nos dejaron una especie de dirección administrativa que no es más que un miniarraigo.