Los diputados de PRD y PAN acordaron no ceder a la petición de no discutir dos dictámenes, ya publicados en la Gaceta Parlamentaria, para reglamentar la integración de comisiones especiales de investigación, así como acotar aún más a los cabilderos e incluso sancionar sobornos a legisladores.

El presidente de la comisión especial del caso Monex, Roberto López Suárez (PRD), dijo que el acuerdo se debe a la insistencia de diputados de PRI y PVEM en que el pleno devuelva los dictámenes a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, donde fueron aprobados por unanimidad, incluidos los votos del tricolor.

“Los dos dictámenes tienen ya una semana congelados, y del tricolor nos han enviado mensajes muy claros de que quieren que se retiren”, dijo.

El primer dictamen reforma los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General, para definir los requisitos de integración de las comisiones de investigación: que la solicitud se haga mediante la junta de coordinación política, que verificará el cumplimiento de las bases constitucionales y que se cuente con el respaldo de la cuarta parte o más de los diputados que integran la Cámara.

Para integrar la comisión, la junta de coordinación asumiría los criterios de proporcionalidad establecidos en la conformación de las comisiones ordinarias, y se dará prioridad a los legisladores que la solicitaron.

Una vez constituida, se fija un plazo improrrogable para que los organismos descentralizados y empresas de participación estatal entreguen la información solicitada por las comisiones investigadoras, y los resultados de la comisión serán enviados al Ejecutivo.

El segundo dictamen, que reforma los artículos 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aprobó en la comisión con el fin de acotar la presión de que son objeto los legisladores, sobre todo de las grandes empresas, para no aprobar reformas que afectan sus intereses.

En sus consideraciones, la comisión resaltó que los cabilderos no realizan una labor altruista, sino persiguen un fin económico, y por ello se debe evitar una presión indebida a los legisladores.

De esta manera, se aprobó que no puedan acreditarse más de 20 cabilderos por comisión, y no más de dos por empresa. También, que no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

Esta última medida se adoptó porque diputados del PRD reconocen que no sólo existen vínculos de empresas con diputados de otros partidos, sino que algunos perredistas en San Lázaro o en la Asamblea Legislativa están casados o tienen relaciones de amistad con cabilderos de trasnacionales.

Por ello, también se agregó que los diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones de la Cámara de Diputados.

Se definió que cualquier infracción a esas reglas será castigada en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda.