n varias ocasiones hemos comentado aquí la enorme peligrosidad que representa el asbesto para la salud humana y el medio ambiente. La Jornada Ecológica del pasado enero estuvo precisamente dedicada a exponer los problemas que ocasiona en México y cómo las autoridades no hacen lo urgente para evitarlos. Por el contrario, fomentan su uso. El asbesto es una fibra con propiedades aislantes y muy resistente al calor, utilizada ampliamente lo mismo en la industria automotriz que en la de la construcción o de electrodomésticos. La Jornada ha publicado las denuncias de la ciudadanía y de los especialistas por el funcionamiento de empresas que en México elaboran diversos productos con base en dicho mineral, ocasionando severos daños a la salud de los trabajadores y a quienes viven cerca de las factorías.

Esto ocurre cuando en otros países se prohíbe su uso. Como nuestro vecino y socio comercial, que tiene protocolos muy estrictos para eliminarlo definitivamente, comenzando por las escuelas y otros lugares públicos donde todavía el también llamado amianto está presente. Y es que las fibras del asbesto son muy volátiles y, entre otros males, puede ocasionar cáncer pulmonar y de faringe, mesotelioma peritoneal, mesotelioma testicular y cáncer de ovario. Pueden ocurrirles a quienes trabajan con dicho material en la industria o están expuestos en los hogares y otros sitios. Sus efectos se manifiestan a mediano y largo plazos.

Pero aquí, las nuevas autoridades parecen seguir la tónica de las que por décadas ignoraron el problema o le restaron importancia. Un buen ejemplo de esa actitud se tuvo en julio pasado, cuando se descubrió que más de 800 toneladas de asbesto tenían casi un año al aire libre en la Central de Abastos de la ciudad de Veracruz. Varios de los sacos con tal producto estaban rotos y su contenido esparcido por el suelo. Las toneladas llegaron de Rusia, importadas por la empresa Eureka-Mexalit.

La autoridad ambiental local se declaró incompetente para atender el problema y lanzó la pelota a la instancia federal. Y lo primero que hizo ésta a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue decir que ese cargamento no constituía un riesgo a la salud y que debía ser la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) la responsable de retirarlo del lugar.

Ni una palabra sobre cómo se sigue importando una sustancia prohibida en muchos países por su alta peligrosidad y que se exponga de manera tan fehaciente la salud de la gente.

Las protestas de los especialistas y grupos defensores del medio ambiente que denunciaron la presencia de ese cargamento obligaron finalmente a las autoridades a ordenar su traslado a una bodega especial que Eureka-Mexalit habilitó en Tizayuca, estado de Hidalgo. Se hizo con el apoyo de la Policía Federal. Se prometió monitorear a los trabajadores que pudieron estar en contacto con tan peligroso material en la Central de Abastos veracruzana.

Y hasta en el Poder Legislativo se preocuparon por el asbesto: la bancada de Partido de la Revolución Democrática propuso pedir al presidente Peña Nieto prohibir su producción, importación, distribución, comercialización y uso en el país. Se desconoce la suerte que tuvo dicha iniciativa.

Pero sí se sabe con certeza que por la desidia oficial se sigue jugando con la salud de las 8 mil personas que trabajan en las 2 mil empresas que elaboran diversos productos en los que se utiliza asbesto. Además de los miles que viven cerca de ellas. Las denuncias de trabajadores y vecinos afectados chocan contra la desidia criminal de las autoridades responsables de garantizar el derecho a la salud. De que el asbesto es nocivo lo demuestran, por ejemplo, las investigaciones realizadas por la maestra Guadalupe Aguilar Madrid, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella tiene años denunciando en sus estudios con pacientes afectados por el asbesto, la negligencia de autoridades, legisladores, empresarios y organizaciones obreras.

El gobierno federal prometió hacer efectivo el derecho a la salud de los ciudadanos. Una forma de demostrarlo es acabando con la impunidad que priva en torno al asbesto, un producto que hace daño, que mata.