Mérida, Yuc., 5 de octubre.

Maritza es una joven tzotzil nativa de San Juan Chamula, Chiapas, quien a sus 18 años tiene ya dos bocas que alimentar. Radica desde hace dos años en esta ciudad, donde trabaja 10 o más horas por 50 pesos diarios y algunos extras que obtiene por la venta de ropa y artesanías.

Ella es una de los más de 350 indígenas chiapanecos, entre niños, mujeres y hombres adultos que viven en Mérida, hacinados, sin servicios médicos, seguridad social ni educación. Por si fuera poco son explotados por paisanos suyos y yucatecos que han creado una mafia en torno a los también llamados chapitas.

Recientemente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado, presentó una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado (FGE), contra quien o quienes resulten responsables por presunta trata en perjuicio de los indígenas que trabajan en las calles de la capital emeritense.

Maritza es una de las alrededor de 155 chiapanecas que laboran en Mérida. Es vivaracha y un poco menos reservada que sus compañeras, quienes no abren la boca, y si lo hacen es en su lengua nativa. Es una forma de protegerse de los extraños dzules (hombres blancos, en lengua maya).

En entrevista, la joven tzotzil afirma que Alberto, su paisano, aunque no habla tzotzil, sólo español, siempre nos reúne y platica con nosotros, nos paga y nos dice que no hay que hablar con nadie extraño, sólo con él. Se nota que vive muy bien, trae ropas finas y caras y tiene un carro muy bonito, grande, con aire acondicionado.

Posiblemente es el padrote de todo el grupo, comenta con voz temblorosa, y en un español poco entendible, otra chiapaneca nativa de Los Altos, quien presume haber conocido al subcomandante Marcos hace algunos años.

Las mujeres chiapanecas que viven en casas rentadas en el centro y alrededores de Mérida saben que son explotadas, pero nos amenazan con golpearnos, violarnos o meternos a la cárcel, denuncia Yolanda, de 24 años, y con siete de residir en Yucatán.

Sobre esta situación las autoridades evitan hablar, sobre todo las del ayuntamiento emeritense, encargadas de controlar el comercio ambulante. El alcalde panista, Renán Barrera Concha, explicó que los ambulantes tienen prohibido vender en la plaza principal, pero sí lo pueden hacer en otros parques o jardines.

Sobre si son explotados, el edil dijo que corresponde decirlo a las corporaciones policiacas. A nosotros, como comuna, nadie nos ha planteado alguna denuncia.

La FGE ya investiga la denuncia de la Codhey por la presunta trata de personas. Pero todavía hay mucho por averiguar, dijo la titular de la dependencia, Celia Rivas Rodríguez.

Jorge Victoria, titular de la Codhey, aseguró que con base en los datos recabados por el organismo sí hay presunción de trata de personas y de que los chiapanecos son explotados. Explicó que la Codhey documentó la denuncia ministerial con una investigación realizada por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, dependiente del organismo defensor de derechos humanos.

Al menos 10 de las mujeres entrevistadas como parte del diagnóstico revelaron que trabajan 10 o más horas al día. La mayoría comienza a las 9 horas, al mediodía comen algo y por la tarde conti-núan con sus ventas. Viernes y sábados terminan en la madrugada debido a la presencia de turistas. Otros venden dulces, cigarros y flores, principalmente, en la zona de bares y restaurantes y en las principales calles de Mérida.

En entrevista, el indígena chontal, Manuel, originario de Tuxtla Gutiérrez, quien desde hace casi 10 años labora en Mérida como vendedor ambulante y limpiabotas, advirtió que hay una mafia que explota a sus paisanos, sobre todo a las mujeres.

Sostuvo que él se separó de los grupos indígenas y trabaja por su cuenta. Comentó que los mafiosos son chiapanecos y yucatecos, pero están de acuerdo con policías y funcionarios del ayuntamiento de Mérida. Todos se reparten dinero, dijo.

Agregó que varias personas, entre ellas Alberto, El Juno, Dilio y varios más distribuyen artesanías chiapanecas como ropa, bolsas y gorros hechos a mano a más de cien mujeres, cuyas edades van de 15 a 25 años, quienes trabajan todos los días 11 horas por una paga de 50 pesos diarios.

El dinero de las ventas es captado por los mafiosos o representantes. Pagan a las vendedoras y el resto del dinero se divide entre los líderes y las autoridades corruptas del ayuntamiento de Mérida, sólo por el hecho de dejar trabajar a las mujeres.