A perder el miedo
oy en México se quiere imponer el miedo a la movilización. Quien sale a marchar tiene una alta posibilidad de ser agredido, detenido y encarcelado. La violencia puede venir de al menos dos lados; tanto de un sector de los manifestantes (no necesariamente anarquista ni estigmatizado como tal, sin deslindar responsabilidades a quienes sin ser provocadores reivindican torpemente la acción directa), como de la policía, que embiste con sus propias armas. El escenario ideal (y preparado con la complicidad de los medios de comunicación afines) para que desde el gobierno y los partidos se pretenda no sólo inhibir la inconformidad, sino ponerle reglas.
Salir a protestar a las calles de manera pacífica es un derecho, no una concesión. Reprimir las manifestaciones es restringir este derecho y revertir la exigencia de mayores derechos por parte de la ciudadanía
, advierte José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Son apenas 10 meses del gobierno encabezado por el priísta Enrique Peña Nieto. La ciudadanía no puede acostumbrarse a la política del garrote y a la restricción de las libertades. Un recuento del aún inicio de este lamentable periodo comienza con el operativo policiaco contra la manifestación del 1º de diciembre de 2012, que dejó como resultado que Juan Francisco Kuykendall, la primera víctima del sexenio, nunca vuelva a ser el mismo; además de cerca de 100 heridos y 96 detenidos. Luego vinieron las manifestaciones del 1º de septiembre de 2013 (en el contexto del primer Informe de gobierno); y el desalojo del plantón de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizado el 13 de septiembre. Después vendría el 2 de octubre, con más de 100 detenidos y un número indeterminado de heridos.
El ingrediente nuevo es que ahora todo está documentado. Cientos de cámaras, profesionales y no, registran los excesos de los enfrentamientos. Las nuevas víctimas son los propios defensores de derechos humanos plenamente identificados.
El mensaje del gobierno con la represión sistemática es claro: los derechos tienen límites. En este contexto, inquiere el representante del Prodh, la ciudadanía no tiene derechos, es beneficiaria cuando se porta bien, y cuando no se ajusta a lo pensado por las autoridades le espera criminalización, represión, estigmatización y procesos judiciales en su contra
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Perder el miedo y seguir protestando pacíficamente es responsabilidad no sólo de los movimientos sociales, sino de la sociedad en general. No hay repliegue posible ante el autoritarismo. Y menos cuando crece el hartazgo y la indignación por las políticas encaminadas al saqueo de este país.
