Entre 2010 y 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el arraigo de 6 mil personas para investigarlas. Sólo pudo consignar ante un juez a 120. A pesar de ello, la dependencia concluyó el año pasado la construcción de dos centros de arraigo con capacidad para mil 600 detenidos. Los inmuebles cuentan con sistemas similares a los que se utilizan en prisiones de máxima seguridad para el control y vigilancia de los internos.

Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, afirmó durante un encuentro con legisladores: “el arraigo es una figura de la que se abusó (…) Esto nos habla de que 3 mil 800 mexicanos estuvieron detenidos 40 u 80 días sin ningún progreso en su situación. Pero eso no es lo más grave: del arraigo surgió un efecto perverso porque la PGR se confió y hubo casos en los que nadie hizo nada”.

Abogados litigantes como Juan Velázquez y Juan Rivero Legarreta, así como el especialista en seguridad nacional y penitenciarismo Martín Gabriel Barrón Cruz, coincidieron que el arraigo es violatorio de acuerdos internacionales firmados por México: una tortura, un horror, porque se priva de la libertad, y prácticamente se encarcela a personas que no han sido declaradas culpables de ningún delito.

Agregaron que la “aplicación del arraigo evidencia la nula investigación que realizó el Ministerio Público durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando se usó como herramienta para subsanar –sin eficacia– los desaciertos jurídicos de la PGR, llevando a prisión un sinnúmero de personas que al final de un juicio fueron exoneradas”.

Velázquez apuntó: en la práctica, el Estado primero detiene y luego investiga. Una persona inocente es privada de su libertad no porque la autoridad cuente con pruebas de su culpabilidad, sino para tenerla de rehén mientras indaga. Con el arraigo estamos ante un sistema penal represivo que es un horror, porque cualquiera de nosotros está expuesto a los dichos de un mentiroso, refiriéndose al uso de testigos protegidos.

¿Sitios para investigar o prisiones?

Oficialmente se llaman Centros de Investigaciones Federales (CIF) 2 y 3, tienen capacidad para mil 600 personas, están ubicados en Morelos y el Distrito Federal y se adecuaron como si fueran prisiones.

Costaron más de 700 millones de pesos y en su construcción y equipamiento también se utilizaron recursos de Estados Unidos mediante la Iniciativa Mérida.

Personal estadunidense supervisó el diseño, la construcción, el material y la posición de camastros, baños, cámaras de vigilancia y hasta el funcionamiento de los mecanismos de ventilación de cada estancia: rectángulos de unos 20 centímetros, sellados con mosquitero y herrería para que nadie pueda fugarse.

La Jornada logró acceder a uno de los inmuebles que están equipados y listos para entrar en operación desde noviembre pasado, pero en los cuales la entonces procuradora Marisela Morales solamente llevó a cabo ceremonias de inauguración en las que estuvieron presentes unos cuantos funcionarios mexicanos y representantes de las agencias antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de migración y aduanas (ICE), así como de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la de combate al tráfico de alcohol, tabaco y armas de fuego (ATF).

El CIF número 3 posee capacidad para 960 personas. A lo lejos parece una construcción alta con ventanas muy pequeñas. Se localiza en los límites de Cuernavaca y Jiutepec, a un costado de las instalaciones de la Policía Federal y a unos metros de la autopista México-Acapulco. Fue construido en cinco niveles y está rodeado por una barda de ocho metros de alto.

En la planta baja se puede alojar a 60 testigos protegidos. Los otros cuatro pisos están destinados a 900 personas sujetas a investigación, divididas por nivel de peligrosidad.

La aduana donde se recibe a los arraigados se convierte en un cubo con una sola salida: el área de ingreso, donde cuatro personas anotarán sus datos, les tomarán fotografías y huellas dactilares.

Está diseñada de tal forma que una pared y dos grandes portones de metal se unen para impedir que alguien huya o sus cómplices traten de rescatarlo.

El inmueble fue construido para que una vez que los presuntos delincuentes estén dentro, se les conduzca al área médica para revisión, se sometan a una evaluación sicológica que determine su nivel de su peligrosidad y, si lo requirieran, hay cuatro espacios para que igual número de agentes del Ministerio Público Federal les tomen declaración.

Tras cumplir los requisitos de ingreso, los arraigados transitan por al menos tres controles de seguridad y son ubicados en celdas con puertas de acero, controladas a distancia, como ocurre con las cerraduras de los accesos a pasillos, comedores, locutorios y módulos de vigilancia. La puerta de cada estancia tiene dos ventanas bloquedas con herrajes y vidrios templados.

Celdas para arraigados del Centro de Investigaciones Federales de la PGR número tres, en CuernavacaFoto Francisco Olvera

Cada celda se construyó para seis personas, con camastros, dos bancos, una mesa y repisas de metal empotrados en pisos y paredes.

El piso es de cemento, los baños y regaderas no cuentan con puertas, y en cada celda hay tres cámaras para vigilar día y noche a los arraigados.

Las cámaras están colocadas de tal manera que grabarían cuando los arraigados duerman, se bañen, hagan sus necesidades fisiológicas o intenten quitarse la vida.

Para que los detenidos puedan ver a sus familias se construyeron locutorios. Ahí no tendrán contacto físico, ya que los separarán vidrios templados. También se diseñaron comedores donde los internos estarían agrupados por nivel de riesgo.

En la planta baja se construyeron 30 estancias para testigos protegidos, en cada una pueden estar dos personas.

Las puertas no son de alta seguridad, pero los guardias pueden encerrarlos bajo llave. Aunque tienen acceso a un patio, no tienen lugar para vivir con sus familias y deben cumplir con las reglas de seguridad.

Cada una de esas estancias para testigos protegidos cuenta con dos camas matrimoniales, colchones y sábanas. Ahí el sanitario y la regadera sí tienen puertas, lo que les da un poco de intimidad. El piso de la habitación es de madera sintética, y sólo son vigilados mediante una cámara de circuito cerrado.

Además de la barda perimetral de la delegación, el CIF tiene paredes y techo que impiden cualquier intento de escape.

Según la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012, en la gestión de Marisela Morales la PGR llevó a cabo el pago de los contratos para trabajos del proyecto integral para la construcción y equipamiento del inmueble del CIF en Cuernavaca. El edificio se construyó entre junio y noviembre de ese año.

La institución erogó más de 200 millones de pesos para el desarrollo de la obra y una cantidad igual provino de la Iniciativa Mérida para la adquisición de los equipos de seguridad.

La construcción del CIF número 2, que se ubica en avenida Primero de Mayo número 10, colonia Tacubaya, en el Distrito Federal, se planeó desde agosto de 2009. Ese año la PGR solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 119 millones de pesos para comprar el hotel Gran Sol, con el propósito de tener un centro de arraigo alterno al que existe desde 2003 en la colonia Doctores, el cual estaba saturado.

El hotel de cuatro estrellas ofreció sus servicios hasta finales de 2011. Tenía 74 habitaciones y servicios como televisión con señal de cable, rampas para discapacitados, restaurante e Internet.

En 2012, la PGR lo convirtió en el CIF número 2, con celdas para más de 600 arraigados. El acceso principal del hotel fue tapiado, al igual que decenas de ventanas. Desde la calle se observan los bloques de concreto con los cuales se sobrepusieron paredes a las habitaciones; los accesos al estacionamiento se cerraron con portones de acero y se colocaron cámaras de vigilancia; en la actualidad los alrededores del edificio son vigilados por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012 señala que ese año la PGR observó un mayor ejercicio presupuestario en el apartado de inversión pública, ya que ejerció un total de 97 millones 215 mil 100 pesos, esto es, 350 veces más que en 2011.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que el actual procurador, Jesús Murillo Karam, aún no decide qué hará con los inmuebles, “pues el arraigo no es política cotidiana de esta administración.

A lo mejor uno de ellos, el del Distrito Federal, se convierte en el archivo de la PGR, porque hay muchos expedientes que ya no caben en los archiveros; información importante que requiere un espacio en el que se tenga toda la seguridad para su resguardo.

Asimismo, aunque el CIF número 3 ya cuenta con todo el mobiliario para entrar en operación, se analiza si el inmueble es transferido en comodato al gobierno de Morelos para que lo utilice como prisión.

Murillo Karam señaló en enero pasado que su planteamiento es que el arraigo se use sólo en casos excepcionales: cuando se pueda salvar una vida o cuando la seguridad nacional pudiera tener algún efecto por un descuido o falta de tiempo.

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