on el bombo y platillo que, según ellos, ameritaba la ocasión, durante la presentación en sociedad del Pacto por México se anunció –entre tantas otras maravillas– que los abajo firmantes transformarían a la industria minera que opera en el país en eficiente y socialmente responsable, con el objetivo de que sus beneficios incluyan a los habitantes de las zonas donde se establece.

Para lograr lo anterior, aquel 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec, los susodichos notificaron a los mexicanos que se expedirá una nueva ley para la explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción, y que los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. De igual forma, se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión y se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.

Pues bien, diez meses después de aquel bonito anuncio y en plena rebelión de las chantajistas mineras canadienses, los mexicanos siguen en espera de que los abajo firmantes cuando menos hagan como que mantienen el interés de aterrizar el compromiso 61 del Pacto por México, en el entendido de que están conscientes de que hasta ahora la industria minera que opera en el país ha sido ineficiente (para efectos del interés nacional) y socialmente irresponsable.

Muy lejos –lejísimos– de expedir la prometida nueva ley para la explotación minera, sólo dos destellos se han visto en los diez meses transcurridos desde el anuncio original y la fecha actual: el pasado 25 de abril la Cámara de Diputados aprobó (359 a favor, 77 en contra –todos ellos del PAN– y 19 abstenciones) modificaciones a la ley minera y de coordinación fiscal (en realidad sólo a la última de las legislaciones corresponden los cambios propuestos), que en su parte medular autorizan al gobierno federal a cobrar un derecho especial de minería de 5 por ciento sobre las utilidades netas de las empresas mineras (95 por ciento de la actividad, la extracción y los beneficios se concentra en cinco grandes consorcios y unas cuentas empresas extranjeras, mayoritariamente canadienses). Qué bueno, pero el Senado no lo ha ratificado, ergo, tal derecho especial se mantiene en el limbo.

Y dos: como parte del paquete económico para 2014, el Ejecutivo propone el cobro de un derecho especial sobre minería a los titulares de las concesiones y asignaciones mineras por la producción de 37 minerales y sustancias sujetos a la Ley Minera, aplicando una tasa de 7.5 por ciento a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se trata, asegura la iniciativa, de que el Estado obtenga una retribución justa por el aprovechamiento de los recursos no renovables de la Nación. Entre otros elementos, el citado ha provocado la hepática reacción de las mineras canadienses y de los barones mexicanos del ramo, de tal suerte que difícilmente tal derecho se concretará, que para eso están los cabilderos, más los diputados y senadores que se dejan querer.

Hasta allí los esfuerzos de los pactistas y amigos que los acompañan, algo que nada, absolutamente nada, tiene que ver con la anunciada intención de una nueva ley para la explotación minera como la prometida aquel 2 de diciembre de 2012. Ambos destellos se limitan al eventual cobro de derechos (que, por lo visto, quedará en el aire, una vez más), pretensión que se plasmaría en un par de parches a la ley de coordinación fiscal y a la ley federal de derechos. Nada más (bueno, sí: los 5 pesotes por cada nueva hectárea concesionada), por mucho que pretendan disfrazar de nueva ley a los citados remiendos. Y, desde luego, faltaría que los legisladores –tras la visita de los cabilderos– acepten la propuesta del Ejecutivo.

Esas, pues, serían las únicas iniciativas pactistas para pellizcar los gruesos intereses de los consorcios mineros, administradores de una tercera parte del territorio nacional vía generosas cuan baratísimas concesiones gubernamentales, que a la fecha, bien a bien, nadie sabe si pagan o no. Como ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, “la Dirección General de Minas (encargada de expedir los títulos de concesión y de asignación minera) carece de manuales de procedimientos o lineamientos específicos para el control de los pagos de los derechos de concesiones y asignaciones mineras, así como de los adeudos de ejercicios anteriores… En la normativa de la Secretaría de Economía no se establece el contenido que debe incluir cada expediente, como el historial del título de concesión, de sus pagos de derechos y de sus incumplimientos, así como información sobre los titulares, las transferencias de derechos, y los resultados de su explotación, entre otros. Básicamente su contenido se refiere a una copia del título de concesión, la solicitud, las fotografías, el peritaje y, en su caso, los planos”.

La ASF detalla que de los 20 mil 958 títulos vigentes, la Dirección General de Minas informó que durante 2010 sólo realizó 83 visitas de verificación; es decir, 0.4 por ciento, a fin de constatar la ejecución de las obras y los trabajos previstos en el artículo 27, fracción I, de la Ley Minera, el punto de partida de la concesión y, en su caso, los datos de los informes periciales.

Por si fuera poco, también documentó que durante 2010, de 20 mil 958 concesiones vigentes sólo se entregaron 6 mil 690 reportes (31.9 por ciento del total) y de ellos sólo 480 reportaron producción, lo que denota que no existe confiabilidad en las estadísticas en la materia. De la muestra de 347 títulos de concesión minera, sólo en 131 se presentó el informe estadístico correspondiente y en 216 no, por lo que se hicieron acreedores a la imposición de una multa (10 días de salario mínimo); sin embargo, la Secretaría de Economía no acreditó que en esos casos se les hubiera aplicado la sanción respectiva.

Las rebanadas del pastel

Entonces, tal vez por allí empieza el problema, pues a cada intento gubernamental de organizar la base de datos, de levantar un inventario de concesiones, de meterlos en orden y/o de pellizcar sus intereses, corresponde un chantaje de los barones de la minería, internos y externos, y las flácidas autoridades nacionales se doblan al primer ladrido.

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