n estos días, en la Cámara de Diputados se escuchó la voz de un legislador que llamaba a deslindar responsabilidades por algunas de las expresiones del desastre como la concesión de licencias de construcción en áreas de riesgo. Sería deseable que sus colegas le tomaran la palabra y que se determinara por fin quién o quiénes son los responsables en la generación de los desastres que asolan nuestro país, y no permitir que los muertos, los heridos, los que pierden sus bienes y los que sufren en las calamidades que se pudieron evitar vean que también en este caso prevalece la impunidad. Pero también advertir que no se vale repetir la negligencia y la corrupción que propician tanto daño y tanto sufrimiento.

Los ingredientes de los desastres. 1) La configuración de la vulnerabilidad social. El modelo económico que va en curso desde hace varios años ha generado pobreza. Cada uno de esos pobres ha perdido mucho dinero (para usar la lógica de un sector empresarial, que contabiliza como pérdidas los ingresos no obtenidos por las marchas de quienes se inconforman por leyes que les son adversas y que no tienen otras formas de expresarse), por la falta de empleo y consecuentemente de ingresos adecuados. Por otro lado, porque los que tienen empleo ganan salarios miserables. La pobreza en la mayoría de los mexicanos, les impide acceder a condiciones dignas de vida. Están obligados a ocuparse de lo que van a comer cada día para sobrevivir. Son vulnerables a enfermedades, a maltratos, a la injusticia legal y social, y se ven obligados a vivir en las condiciones más riesgosas.

2) El conocimiento de las amenazas y el comportamiento social. El desarrollo científico y técnico actual en el país ha logrado un avance importante y suficiente en el conocimiento de las mayores amenazas de desastre, sean naturales o antropogénicas. Si en algunos aspectos no hay niveles de precisión, si se cuenta con esquemas de anticipación por la vía de modelos, o de otros instrumentos como mapas pronósticos. Por ejemplo, se puede saber que un sismo de determinada magnitud afectará a edificaciones que tienen determinadas debilidades estructurales, se puede saber qué tipo de ocupación humana hay en esas edificaciones, de manera que se puede anticipar el daño, y los aspectos cualitativos y cuantitativos de la población que se afectaría. Esto vale, cambiando variables, para deslizamientos de laderas, para los efectos de los peligros de los huracanes o sistemas de tormentas severas, en cuanto a lo que significan precipitación-inundación, vientos y otros fenómenos asociados como tornados, etcétera. Esta anticipación, que puede brindar el sector científico-técnico, debe ser aplicada para fines de prevención-mitigación, planificación de preparativos y hasta para previsiones de programas de recuperación, y eso está pendiente. Este problema ya ha sido puesto sobre la mesa, digámoslo así, por la parte de los científicos sociales y naturales; ya se ha advertido de su vacío, se ha cumplido con esa elemental responsabilidad.

Por otro lado, ciertamente se sabe menos del comportamiento social frente a los problemas que plantea la prevención de desastres y frente al problema de decidir comportamientos adecuados en situaciones de emergencia. Pero hay también conocimiento suficiente en este campo para ser incorporado a las acciones de gestión de desastres. Por ejemplo, se sabe que, en general, ante un llamado de emergencia, para actuar en consecuencia, la gente toma en cuenta 20 variables que involucran desde la fuente de emisión hasta el cálculo de las consecuencias de la decisión que adopte. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué los actuales sistemas de alerta no incorporan este conocimiento si quieren ser eficientes? Bueno, ese también es un asunto que debe tener responsables.

3) La acción gubernamental en el Sistema Nacional de Protección Civil. La acción gubernamental, para ser consistente con sus responsabilidades, debe asumir ese paso de la aplicación del conocimiento a todas las acciones de manejo o gestión de desastres, y debe tener la mayor claridad en que, por las razones ya expresadas, la mayoría de la población no se va a preocupar de la prevención de desastres (este es también un aporte sustantivo de las ciencias sociales) porque se está ocupando en procurar su alimentación cotidiana o de resolver los problemas vitales que se presentan todos los días. El gobierno es responsable de la seguridad de los miembros de la sociedad, eso está en la Constitución Política y en otras normas; por tanto, es quien debe ocuparse de la prevención de desastres, pero debe hacerlo bien, y si no lo hace –como decía un damnificado chiapaneco del huracán Stan, en 2005–, ¿para qué lo queremos?

Para prevenir y atender desastres la organización gubernamental involucra a todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal. Cada uno de esos niveles tiene responsabilidades específicas, pero el federal tiene que orientar, facilitar, tiene la obligación y el poder necesario para asumir un esquema de funcionamiento eficiente y cumplir su misión.

Fallas y responsabilidades en los desastres actuales. El fenómeno meteorológico. De la parte gubernamental se puede identificar fallas en los pronósticos meteorológicos y en el sistema de alerta. Esto involucra al nivel federal exclusivamente. Para el caso de Acapulco y otros centros turísticos, también se pueden identificar fallas de las empresas hoteleras. Las mayores empresas de ese tipo tienen protocolos propios de seguridad que fallaron tanto en términos de la emergencia misma, como en las previsiones. Se esperaría que los viajeros, con reservación o sin ella, fueran advertidos de las condiciones ambientales y de las posibilidades de no poder tener la recreación deseada, debieron advertir a este sector de la población y dejar que ellos tomaran una decisión informada.

En lo general. Para las condiciones de posibles adversidades hidrometeorológicas, las comunidades y centros urbanos deben tener planes de contingencias. Los más elementales: eventual disposición de albergues dignos (abastecimiento), rutas de evacuación y comunicaciones redundantes, etcétera. Esto involucra los niveles locales, municipales y estatales, principalmente. No se puede afirmar su inexistencia, pero las condiciones resultantes del paso de Ingrid y Manuel apuntan a ello.

Los aspectos preventivos de largo y mediano plazos. Hay responsabilidades, sobre todo de los niveles estatales y municipales, en la identificación de los lugares, instalaciones, edificaciones en riesgo de las amenazas que se desencadenan en condiciones hidometeorológicas adversas. En los casos donde fuere necesario y factible, las responsabilidades, en todos los niveles de gobierno, alcanzan el haber realizado reubicación de edificaciones, de conjuntos de edificaciones o de comunidades.

Una vez que se señala lo anterior, y agregando todos los aspectos de corrupción, como decía el diputado aludido antes, habría que deslindar responsabilidades porque se trata de una serie de relaciones complejas, interdependientes entre organizaciones y tiempos, etcétera, donde es posible que algunos niveles de gobierno cumplieran con sus responsabilidades y otros no. Habría, insistimos, que deslindar esas responsabilidades.