mpieza a ser tarde para cosas fundamentales, cinco años que quizá ya no bastarán. La falta de un objetivo básico, secundarios, estrategias y programas rigurosos, incluido uno de control, está dando al traste con los propósitos presidenciales de enfrentar con resultados el problema más agudo de su gobierno: la inseguridad.
Ideas sin base, adopción de conceptos ya descalificados, desarticulación de esfuerzos, apresuramientos, falta de humildad y más, serían la razón. No se han superado esas flaquezas y no se ha incorporado como verdad constructiva aceptar como generador de la inseguridad al trinomio violencia, corrupción y delito. Sin esta perspectiva integradora todo logro será parcial y transitorio.
El país está inserto en una ola de violencia, corrupción y delito con marcada tendencia al alza y sin factores visibles de contención. La violencia es producto de complicados factores y se ha estudiado ampliamente desde el punto de vista de su sociología, pero la fructífera investigación académica no ha llegado a los lares de gobierno. Ese enfoque que es fundamental está ignorado.
México es un país corrupto en lo oficial y en lo privado, desde el periodo colonial hasta nuestros días. Para prevenir y combatir la corrupción se han dado inmemorables intentos, todos insuficientes, pero el actual gobierno, y ante actores y hechos indiscutibles –García Luna y la podredumbre que heredó y que continúa–, sencillamente nada ha querido hacer.
Esta adversidad nacional es amplia pues abunda la percepción en nutridos grupos sociales de que dar, recibir o solicitar cualquier valor para obtener beneficios ilegales es un acto natural y no punible. Ha sido un proceso expansivo, invasivo, porque la educación preventiva y el castigo ejemplar no existen. Esta amarga realidad crea en la comunidad pasiva, aquella que sólo sufre el delito en el papel de víctima, un estado de temor, desesperación y frustración ante lo inalcanzable de la seguridad y de la justicia, ante la ineptitud y corrupción oficiales.
Se ha hablado tanto respecto del crimen y nada menos que por el propio Presidente de una nueva estrategia
, de la política actual
, de cinco regiones
de nueva coordinación
, de el decálogo
que ya nadie cree ni se resigna. Un compromiso eficaz como lo sugieren estas afirmaciones, como un empeño serio, de supuesta validez, armónico y sobre todo trascendental, sigue en la sombra.
Un año después de su asunción al poder, el pueblo aún no puede percibir esperanza ni alivio alguno, se han planteado tantas cosas, en tantos discursos, que se ha perdido todo crédito. Si reconociendo que no es fácil conjuntar esfuerzos de los escasos conocedores profesionales sobre la materia, al menos se hubiera utilizado alguno de los proyectos existentes, uno de ellos de la propia UNAM, algo se hubiera avanzado.
Pero no, se cayó en ideas individualistas, improvisadas, con mucho verdaderas ligerezas, como la tan publicitada de la Gendarmería Nacional o la tan exaltada y después desmentida asesoría del general Óscar Naranjo, que paró exactamente en nada.
En el ánimo de exponer alguna idea al proyecto nunca terminado que elabora la Secretaría de Gobernación, haría énfasis en tres contenidos que no pueden estar ausentes de un proyecto trascendente. Tres conceptos de alto impacto, de cobertura federal y de auxilio o colaboración a las autoridades locales, que serían los sistemas de inteligencia criminal, de educación policial nacional y de justicia policial administrativa.
Son tres ideas que se expresan con sencillez pero que abarcan verdaderos retos a la creatividad, esfuerzo organizativo, trabajo en muchos ámbitos, recursos de todo orden y control para que los tiempos se aprovecharan, evitando por lo menos por hoy la simulación. Su capacidad para generar un cambio es indiscutible. No hay ya tiempos de reserva. Cinco años son ya un límite ceñido.
Conociendo la naturaleza humana del gobierno, la descalificación a estas necesidades vendrá de inmediato. Dirán que ya existe la Plataforma México –el juguete inoperante de García Luna, carente de bases de sustento profesional–, la Academia Superior
de Seguridad Pública con cursos de tres meses para formar policías investigadoras
como manda la reforma del 21 constitucional, o la Contraloría Interna, que es sólo una potestad sancionadora, no promotora profesional.
¡Ya existen, funcionan muy bien, es una propuesta inútil! ¡Ya están considerados!, serán las reacciones. Si así fuera, sería para aplaudir
