Moscú, 3 de octubre.

El Kremlin envió este jueves un mensaje ominoso: da luz verde para castigar sin contemplaciones –lo que significa atribuir delitos no cometidos y con penas mayores– a quien se atreva a cuestionar su derecho a explotar las riquezas que hay en el territorio de Rusia, aun si ese afán pudiera causar un daño irreparable al ambiente.

Así se interpreta el comunicado emitido hoy por el Comité de Instrucción: Hacia la tarde de este jueves concluyó la presentación de la acusación formal, en los términos del apartado 3 del artículo 227 del código penal, a todos los imputados en la causa penal por el ataque a la plataforma Prilazlomnaya, en el mar de Pechora. Los imputados no reconocen su culpa y se niegan a declarar.

Traducido del lenguaje justiciero, los 30 miembros de la tripulación del barco Arctic Sunrise y activistas de la organización ecologista Greenpeace, detenidos en alta mar por guardacostas rusos y remolcados al puerto de Múrmansk, enfrentan el cargo de piratería, cometida en grupo, lo que supone una condena de entre 10 y 15 años de cárcel.

El director de los programas de Greenpeace para Rusia, Iván Blokov, calificó de completamente infundada la acusación. “No sé qué decir. Tal vez la palabra ‘absurdo’ sea la más adecuada en este momento. Estamos perplejos”, agregó.

Los hechos sucedieron así: los pretendidos piratas, provenientes de una veintena de países, entre ellos una brasileña y dos argentinos, el 18 de septiembre anterior, se aproximaron en el barco, no más cerca de la zona de 500 metros de protección, a la primera plataforma de perforación costa afuera que tiene en el Ártico el consorcio ruso Gazprom.

Algunos de los activistas, en balsas inflables rápidas, intentaron abordar la plataforma para colgar una manta, como suele hacer Greenpeace, que advirtiera los riesgos de afectar el medio ambiente al extraer hidrocarburos ahí, pero desistieron al ser recibidos, como aviso de otras intenciones, a balazos disparados hacia arriba.

El Arctic Sunrise se retiró del mar de Pechora y, al día siguiente, navegando ya por el Mar de Barents fue abordado por un comando de guardacostas rusos, que no se limitó a revisar el barco de los ecologistas, sino lo remolcó al puerto de Múrmansk.

Activistas y tripulación quedaron en prisión preventiva hasta noviembre, mientras el Comité de Instrucción se tomó su tiempo para presentar, uno a uno, la grave acusación de piratería que concluyó hoy.

En un intento de sugerir que la justicia rusa es independiente del Ejecutivo, el presidente Vladimir Putin llegó a comentar en un acto público, hace unos días, que los detenidos evidentemente no son piratas, pero –añadió– también es cierto que infringieron el derecho internacional al tratar de abordar la plataforma.

Pero el Comité de Instrucción, la dependencia que calificó de ”piratería” la fallida acción de Greenpeace, sí depende del Kremlin y su titular, Aleksandr Bastrikin, es amigo de Putin desde los tiempos en que estudiaron juntos en la facultad de derecho de la Universidad de San Petersburgo.

La corte sólo asintió como fundamentados los cargos y hasta el fotógrafo ruso, Denis Siniakov, enviado por un portal noticioso en Internet con registro de medio de comunicación en este país, ahora podría ser juzgado por pirata.

Varios gobiernos, cuyos ciudadanos figuran entre los imputados, han tratado de intervenir, sin éxito hasta ahora. La corte de Múrmansk ni siquiera acepta las garantías de estos gobiernos para cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

No se descarta que, tras celebrar el juicio y declararlos culpables de ese delito, la justicia rusa imponga una multa a Greenpeace y deje en libertad condicional a los activistas, como peculiar forma de advertir a otros que en Rusia no se admiten protestas de ningún tipo, a menos que cuenten con permiso de las autoridades.