Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, aceptó que hubo omisiones históricas de los tres niveles de gobierno que provocaron el desastre con la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, cuyo saldo hasta anoche era de 157 muertos (entre éstos 101 en Guerrero, 14 en Veracruz y 10 en Oaxaca).

México tiene una Ley General de Protección Civil pero sin reglamento (supuestamente, en breve se publicará ese documento, que es fundamental para aplicarla); adicionalmente, los estados no han homologado sus normas con la nacional, no existe un diagnóstico actualizado sobre las zonas de alto riesgo habitadas y el Atlas Nacional de Riesgos estará listo hasta mediados del próximo año.

El funcionario reconoció que se requieren mecanismos de comunicación más amplios y eficientes para dar a conocer las alertas en las comunidades más aisladas, y señaló que 70 por ciento de los fallecimientos ocurrieron por deslaves y derrumbes en comunidades alejadas de las cabeceras municipales.

Aseguró que el área a su cargo sí difundió las alertas –en particular acerca del peligro de circular por las carreteras y la posibilidad de deslaves en la montaña–, aunque el viernes 13 la mayoría de los medios (de comunicación) estaban atentos al desalojo del Zócalo (ocupado por el magisterio disidente), de ahí que se comunicó sólo con algunas estaciones de radio.

Puente destacó que una de las causas más importantes que derivaron en el desastre es la deforestación en zonas anteriormente resecas y luego afectadas por lluvias recurrentes.

No obstante, reconoció el cúmulo de fallas cometidas en años recientes. Es indiscutible que hubo omisiones históricas, tanto en el uso de licencias en lugares indebidos como en la deforestación, que no fue detenida en su momento.

–¿Omisiones en los tres niveles de gobierno? –se le insistió.

–De los tres niveles de gobierno; es indiscutible. Yo lo he dicho: los cauces de los ríos y de las lagunas durante muchos años no tuvieron el desazolve necesario. Hoy lo vimos en Guerrero: la mayoría de los ríos tuvieron escurrimientos laterales que superaron tres veces su propio tamaño, porque el seno del río estaba totalmente azolvado. Fueron muchos años de abandono y, sí, tiene que haber responsabilidades.

Dijo que los sistemas de protección civil locales debieron haber emitido documentos de negativa de construcción, por lo que la investigación va en ese sentido, en particular por los desarrollos inmobiliarios en Acapulco, para determinar quién es responsable, “ya sea una instancia municipal, estatal o, puede darse el caso, federal, de 2004 en adelante.

¿Cuál fue la autoridad que otorgó los permisos?, ¿quién autorizó el cambio de uso de suelo en humedales de carácter federal?, ¿cuándo se hizo la expropiación de la tierra?, expresó.

Además, comentó que el seguro para hacer frente a desastres (bono catastrófico) fue una inversión mal diseñada.

Antes, el vocero del gabinete de seguridad, Eduardo Sánchez, señaló que la Secretaría de Gobernación nada tiene que ver con la supervisión de los asentamientos humanos en las zonas devastadas. Advirtió que en la revisión probablemente encontraremos irregularidades en los planes de uso de suelo de autoridades locales.

La Ley General de Protección Civil incluye normas para que las autoridades de los tres niveles cumplan con sus obligaciones, en materia de agua, energía, comunicaciones y vivienda, entre otros factores, e incluso señala que la autorización de construcciones en zonas de riesgo es delito grave.