iajar instruye. Pasé la semana pasada en Noruega, invitado por la Universidad de Oslo a dar un ciclo de conferencias. Entre gente notable que conocí estuvo la abogada británica Polly Higgins, que es punta de lanza de un movimiento en pro de la criminalización del ecocidio. Conversé con Polly largamente. Hablamos de los paralelos entre la tipificación del ecocidio como crimen internacional y los grandes momentos en la historia mundial de los derechos humanos, empezando por la criminalización de la trata de esclavos, promovida a inicios del siglo XIX desde Gran Bretaña.

¿De qué se trata el movimiento de criminalización del ecocidio?

Hablando mal y pronto, se trata de un movimiento liderado por abogados y científicos ambientalistas, que se han esforzado por definir el ecocidio y tipificarlo como crimen. La definición jurídica de ecocidio es la siguiente: “Daño amplio a –o destrucción o pérdida de– uno o más ecosistemas en un territorio, de modo que el usufructo pacífico de los habitantes de ese territorio quede severamente afectado”.

La razón para tipificar el ecocidio como crimen es bastante sencilla. Actualmente si una corporación o una política gubernamental arruina un ecosistema –y con ello destruye la posibilidad del humano de vivir del territorio por una duración importante de tiempo– lo más que se puede hacer (y eso si acaso) es clausurar el negocio y, en algunos casos, buscar algo de compensación. No hay un castigo severo para los responsables, cosa que hace fácil la reincidencia.

Un ejemplo pequeñísimo: los lectores de la prensa mexicana vimos el pasado julio imágenes espantosas de la muerte masiva de peces en la presa El Hurtado, en Jalisco. Millones de peces flotaban, muertos, en la superficie de la presa, afectando de manera directa e inmediata la situación de vida de los 380 habitantes de la comunidad de Valencia. Según el ayuntamiento local, este ecocidio se originó en un almacén clandestino que tiraba melaza a la presa. En realidad, todas las fábricas de la zona tiraban (tiran, supongo) desperdicios en la presa, pero la melaza causó el desastre final. El establecimiento melcochero fue clausurado, y el gobierno del estado (es decir, los contribuyentes) puso un fondo de emergencia de 3 millones de pesos para los pobladores, y pidieron otros 15 millones, que quién sabe si hayan parado en los bosillos de los afectados. Una criminalización del ecocidio permitiría meter a la cárcel a los dueños y directores de empresas de este tipo, y abrir averiguaciones acerca de por qué el gobierno no estaba controlando adecuadamente la descarga de desperdicios industriales en la presa.

Con esa imagen todavía fresca (me impresionó la imagen de la hecatombe de peces), empecé a buscar más datos sobre el ecocidio en México.

Al parecer, el rubro más aterrador –y que quizá el primero en la cola en cuanto a crímenes contra el medio ambiente– es el de las empresas mineras. En el sexenio de Felipe Calderón se hicieron literalmente miles de concesiones mineras, frecuentemente a compañías canadienses, usualmente por periodos de 50 años. Según varias fuentes, las mineras tienen concesiones en casi una cuarta parte del territorio mexicano. Muchas de esas empresas usan técnicas de minería abierta, o desechan materiales tóxicos que envenenan la tierra. Casi todas utilizan y estropean enormes cantidades de agua… Qué importante sería que hubiera límites tipificados a esa destrucción, y que los agricultores pudieran perseguir a los destructores de su modo de vida en casos confirmados de ecocidio.

Sigo con otros ejemplos. En 2009 aparecieron noticias de que México es el segundo país del mundo (después de Colombia) en materia de ecocidio de manglares, causado frecuentemente por la industria hotelera y por corrupción municipal en programas de desarrollo urbano. Si se criminalizara el ecocidio, se podría perseguir con cárcel a los encargados de otorgar permisos de construcción que amenazan los sistemas ecológicos, además de a los encargados de las compañías que desarrollan esta clase de proyecto. Sería importante que así fuera.

Y sigo. Los directivos de compañías de agrotecnología, como Monsanto, y de ciertas clases de fertilizante químico, y los gobiernos que promueven técnicas productivas destructoras de ecosistemas, se tendrían que responsabilizar por los casos donde hacen daños graves y severos.

Si el lector pica ecocidio y México en Google, encontrará casos pequeños y grandes de quejas de ecocidio –y eso que la palabra recién comienza a ser utilizada: hay quejas contra el uso de técnicas pesqueras que van acabando con ecosistemas marinos, depósitos de desechos de la ciudad de México que destruyen zonas ecológicas en Naucalpan, mineras canadienses destruyendo el modo de vida tradicional de los huicholes.... Y un largo etcétera.

La comparación que hace Polly Higgins del ecocidio con la criminalización de la trata de esclavos por Gran Bretaña en 1807 es relevante. Si se ve la historia de la esclavitud, las leyes británicas de ninguna manera inauguraron ni provocaron el movimiento de emancipación a escala mundial. La revolución haitiana, para empezar, precedió la prohibición británica por varios años, y fue un verdadero movimiento de liberación de los esclavos. La abolición que hizo José María Morelos en la Constitución de Apatzingán tampoco fue provocada por la acción inglesa. Sin embargo, las leyes británicas fueron fundamentales, porque ejercieron presión sobre las empresas que surtían de esclavos a buena parte del mundo.

El combate al ecocidio necesita poder perseguir a actores poderosos –compañías trasnacionales, gobiernos nacionales y locales. Sólo la tipificación del ecocidio como crimen puede hacer frente a prácticas destructivas de esa escala.

Al igual que la abolición de la esclavitud, tampoco se trata de un imposible. Existen hoy como 10 países que tienen ya tipificado el ecocidio como crimen. Hay un movimiento plebiscitario, que tiene buena posibilidad de éxito, que busca la erradicación del ecocidio en toda Europa. Varios grupos de abogados han trabajado intensamente el lado técnico del problema –que está resuelto a nivel jurídico en buena medida. Hay una moción para que Naciones Unidas tipifique al ecocidio como crimen contra la humanidad. De hecho, la ley internacional (Estatuto de Roma) ya reconoce el ecocidio como crimen de guerra. Ahora se trata de que se reconozca también como un crimen en tiempos de paz.

México se debe sumar a este movimiento. Realmente urge.