Guanajuato, Gto., Para el gobernador panista Miguel Márquez, el desconocimiento a Magdaleno Ramírez Ramírez como representante de 25 comunidades ñañús en el juicio de amparo que el gobierno estatal interpuso contra la licitación de la autopista Silao-San Miguel de Allende, por los daños que causará a esa etnia, es un tema técnico. Con una sonrisa, el mandatario evadió el tema y dijo que el cambio del trazo de la vialidad lo determinará el nuevo dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El titular de la Secretaría de Obra Pública (SOP), José Arturo Durán Miranda, dijo que no hablaría hasta que se dé a conocer el dictamen final. El gobierno de Guanajuato, por conducto del director general de Servicios Jurídicos de la SOP, Adolfo Flores Ortega, manifestó en el juzgado segundo de distrito que no procedía la suspensión definitiva de la licitación porque Ramírez Ramírez no ha demostrado ser miembro de una comunidad indígena y que sea representante de los ñañús. Arqueólogos e investigadores del INAH en Guanajuato han alertado que el trazo de la autopista dañará la cultura, el territorio, los sitios sagrados, las tradiciones y zonas arqueológicas del pueblo ñañú, así como una ruta de 100 capillas de indios del siglo XVI, caminos reales, cascos de hacienda y represas.