l pulso entre el gobierno de Barack Obama y sus opositores republicanos por la ley del presupuesto 2013-2014, de la que los segundos pretenden excluir el programa de salud establecido por el primero, llevó ayer a una caída de Wall Street, hecho que impactó y arrastró, a su vez, a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La disputa en la capital del país vecino tiene un claro tinte político o, mejor dicho, politiquero: los sectores conservadores agrupados en lo que se ha dado en llamar el Tea Party pretenden chantajear a la Casa Blanca con la suspensión de pagos de salarios de empleados públicos federales –cosa que, en principio, ocurriría hoy, al quedarse el gobierno sin presupuesto para empezar el año fiscal–, a fin de conseguir la eliminación de la reforma sanitaria conseguida por Obama. De lograrlo, dejarían al actual presidente sin sustancia social por el resto de su mandato y conseguirían, de esa forma, posicionarse para ganar las elecciones presidenciales de 2014. Obama, debilitado más por sus propias inconsecuencias que por el accionar de sus rivales republicanos, se encuentra, pues, acorralado y sometido a un grave desgaste político.
Pero más allá de los entretelones del caso en el ámbito de la pugna interpartidista que tiene lugar en Estados Unidos, el hecho es que una parálisis, así fuera parcial, del gobierno federal de ese país ha sido suficiente para disparar las alarmas en la bolsa de Nueva York, donde las cotizaciones accionarias experimentaron una pérdida significativa. Lo que podría ser un tropiezo bursátil menor, en el caso de que el conflicto en el Capitolio desemboque en un acuerdo rápido entre los demócratas de Obama y la oposición republicana, podría también convertirse en un grave detonador recesivo si, por el contrario, el país del norte llegara a permanecer varios días sin presupuesto público.
Otro tanto podría decirse de la bolsa mexicana, que suele reflejar, magnificadas, las turbulencias financieras estadunidenses. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Wall Street, la BMV acumula en lo que va del año una pérdida de más de 8 por ciento, lo que, paradojas aparte, hace que la economía mexicana resulte más vulnerable que la del país vecino a la confrontación política y legislativa en curso.
La perspectiva resulta doblemente preocupante si se considera que México ha entrado ya en un periodo de abierta recesión, es decir, con un crecimiento negativo de la economía, como reconoció la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Resulta por demás preocupante que, en esta circunstancia, las autoridades económicas y hacendarias de nuestro país parezcan empeñadas no en reducir, sino en acentuar la contracción económica.
No se puede entender de otra forma que se hayan presentado una iniciativa de reforma fiscal abiertamente recesiva, los subejercicios sistemáticos en el gasto público y las propuestas de recortes al gasto público para el año entrante.
Desde el punto de vista económico, la administración que encabeza Enrique Peña Nieto tendría que estar haciendo justamente lo contrario: elevar la inversión pública para transmitir impulso al resto de la economía y mejorar las condiciones de trabajo y los derechos de los asalariados, a fin de fortalecer el mercado interno.
Visto desde una perspectiva política, el cambio de rumbo sería igualmente pertinente, por cuanto tres décadas de gobiernos neoliberales han dejado no sólo una deuda social pavorosa, sino también un descontento acumulado que, de llegar al punto de rebalse, podría dejar al conjunto de las instituciones con un completo vacío social bajo sus pies.
Por todas estas razones, cabe esperar que el México oficial recapacite y emprenda una rectificación de fondo en la política económica, y garantice, de esa forma, el crecimiento sostenido, la gobernabilidad y la paz social.
