De 2007 a la fecha, la tasa promedio anual de delitos de alto impacto social en el Distrito Federal ha mostrado una tendencia descendente, al contrario del ritmo que se registra a nivel nacional, el cual se ha incrementado paulatinamente.

Así lo detalló la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad en el documento que envió su titular, Rodolfo Ríos Garza, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), previo a su informe de este lunes ante el pleno de los diputados, en el que, incluso, cita datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales detallan que, en términos generales, la incidencia delictiva en la ciudad de México ha disminuido en 12.4 por ciento.

El documento, de 86 páginas, resalta que tan sólo en los primeros siete meses de este año, la capital del país se ubica en el octavo lugar nacional en cuanto a los delitos de alto impacto social por cada 100 mil habitantes.

Precisa que en cuanto a esa medición, el DF tiene 160 delitos de ese tipo por cada 100 mil habitantes, mientras que el primer sitio lo ocupa Baja California, con un promedio de 388, seguida del estado de México, con 258; luego, Colima, con 240; Morelos, 230; Chihuahua, 209; Sinoala, 187, y en séptimo sitio Durango con 163.

Por lo que hace a las demarcaciones territoriales con las más altas cifras de averiguaciones previas iniciadas por delitos del fuero común, el informe destaca que en los tres primeros lugares se ubican Iztapalapa, con 18 mil 728 de enero a julio de este año; Cuauhtémoc, con 17 mil 596, y Gustavo A. Madero con 14 mil 4.

Las que tienen la menor cantidad de averiguaciones previas iniciadas están Milpa Alta con 820; Cuajimalpa con mil 617, y Magdalena Contreras con mil 623.

En su informe, el procurador Ríos Garza destaca: Sabemos que el combate al delito y a la impunidad no admite descanso y demanda la ejecución de acciones permanentes; sin embargo, tenemos la seguridad de que la procuraduría capitalina continuará afrontando los desafíos que se le presenten de manera íntegra, con el propósito de mantenerse a la altura de las expectativas y legítimas exigencias de las y los habitantes del Distrito Federal.