as reformas para cambiar estructuras anquilosadas y mover a México, como dice la propaganda gubernamental, están en el aire o bajo la lluvia. No sobra, incluso, quien ya asegure que van a hundirse en cualquier momento bajo la marea de fondo y superficie de protesta y rechazo provocada por su anuncio. Algunos se aprestan a deslindarse aduciendo su cortedad, mientras que otros se refugian en el archisabido no tenemos remedio. Hay, también, quienes se regocijan con esa posibilidad sin ofrecer balance alguno, así sea provisional, sobre las implicaciones que un fracaso como el esbozado pueda tener sobre el país, su economía y la política.

Tal es el estado de la coyuntura abierta por la fórmula reformista del gobierno que, sostenida en el Pacto por México, se pensaba blindada o, como se dice, planchada, a prueba de desafíos impertinentes del arcano nacionalismo o del populismo siempre agazapado y a punto de saltar. Hoy el ímpetu reformista tiene que navegar contra corriente, sin brújula que lo oriente, a través de la espesa niebla de la crisis global devenida aquí desaceleración económica brusca certificada por Merrill Lynch y el propio Fondo Monetario Internacional por boca del ubicuo Alejandro Werner.

La reacción social y la oposición política a las reformas se han expresado en la calle, pero sobre todo en la supercarretera construida por los medios de comunicación masiva para su goce y beneficio. En el caso de la fiscal, además, el rechazo cubre prácticamente todo el arco supuestamente ideológico que ahora se unifica en la defensa de las clases medias y del más elemental ofertismo, que sostiene que a los ricos no hay que tocarlos porque en ellos descansa la inversión y, por ende, el empleo. Para qué hablar de la heroica defensa de las colegiaturas para las escuelas privadas o de la inopinada intervención de los jerarcas cetemistas en favor de los aguinaldos de los trabajadores.

El resultado es un intrigante todos a una, que deviene cacofonía que abruma el entendimiento y la adecuada evaluación de los términos y alcances de la propuesta. No se defiende con ello la economía popular, pero sí se permite a los defensores del statu quo reivindicar su mensaje contra todo tipo de reforma, así sea tímida e insuficiente como esta, más aún si osa rozar los intereses creados que se reproducen en el estancamiento de las relaciones sociales y la retracción del Estado en sus tareas de representación del interés general o mayoritario.

La protesta irrumpe ahora en el Congreso pero no por culpa de la CNTE, sino de los partidos mayoritarios de la oposición, que decidieron usar la reforma política como moneda de cambio y pago de votos para que las otras reformas cuenten con su anuencia o su consideración. Bajo cualquier criterio que se esgrima, esta postura representa una mala señal para la consolidación de una gobernanza democrática como la que han dicho querer los pactistas por México.

No sobra volver sobre lo andado. Para empezar, digamos que las reformas, las que están sobre la mesa y las que puedan sobrevivir esta escaramuza, no son panacea ni garantía de cambios instantáneos y bienhechores. Las propuestas hechas por el gobierno y los partidos en materia energética, sin duda pueden y deben ser sometidas a revisiones de fondo en las comisiones y el pleno del Congreso. Y, tal vez, a una cirugía radical en sus motivos y articulado para obtener una congruencia mínima con el contexto general económico y social imperante y sus perspectivas, así como con sus objetivos y métodos específicos.

No hay duda: hay que tener suficiente, oportuna y accesible oferta de energéticos, también recursos humanos y tecnológicos para llevar a buen puerto la gran tarea de la transición energética. A la vez, es claro que para el desarrollo del país y de la consolidación de la democracia se requieren modificaciones mayores en sus relaciones fundamentales, pero eso no justifica convertir la reforma de la política en revólver a la orden y chantaje de ocasión.

Hoy, a la vista del desastre humano que nos deja la furia natural, es claro como el agua antes de la lluvia: al Estado le urge contar con recursos suficientes, y transparentes, para apoyar una educación de calidad, asegurar el acceso a todos a la seguridad social y la salud, así como construir y mantener la infraestructura y ofrecernos seguridad y justicia creíbles. Y la reconstrucción no puede esperar a que se junten los centavos: hay que gastar ya y financiar con lo que se tiene y lo que se puede tener con la reforma.

Nada de esto, sin embargo, se va a lograr mediante reformas atropelladas, que el coro de negociantes y aspirantes a serlo quieren que sean consideradas como de urgente y obvia resolución. Sabia virtud la de conocer el tiempo y no olvidar que, sobre todo aquí y en lo que sigue, la forma es fondo.

¿Por qué no volver, entonces, a pensar los cambios a partir y conforme a tareas mínimas pero esenciales? ¿Por qué no (re)ordenar la secuencia reformista de tal manera que nadie se llame a engaño para que con claridad se concite el interés ciudadano y hasta se convoque el apoyo popular?

De ser así, habría que convenir en que la reforma energética tiene que empezar por fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para volverlas grandes empresas estatales, en condiciones de negociar con el que le pongan. La fiscal debe aportarle los recursos necesarios al Estado, pero no con el expediente facilón de empezar afectando a los más pobres sino al revés: hacer que quien más tiene pague más, porque así debe ocurrir en toda sociedad moderna democrática. Esto, por cierto, no se riñe, en realidad auspicia una mayor inversión privada y la creación de empleos buenos, contraparte de la responsabilidad social que en todo el mundo se pide a la empresa.

Por último, que no al último: ni bravatas ni amenazas en materia educativa: eso es de pésima educación. Hay que tener la humildad de aceptar que la reforma educativa se hará con los maestros o no se hará. Eso es perspicacia; lo demás, subordinación a los eternos juniors. Lo fundamental aquí y ahora es dejar de apostar a las salidas supuestamente consagradas por la sabiduría convencional, basadas en argucias baratas y tratos sospechosos. La política es tarea pedagógica y el reformismo no puede prescindir de esta tarea; parte de saber que para reformar hay que explicar, demostrar su utilidad, persuadir, convencer y volver a persuadir. Todavía podemos aprender de nuestra historia presente.

Se dice que es mucho lo que se juega… entonces no juguemos.