Integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México exigieron la despenalización inmediata del aborto en todo el país y la derogación de los cambios que estiman que existe vida desde la concepción, vigentes en 17 estados del país, pues indicaron que se ha criminalizado la interrupción del embarazo, incluso por razones espontáneas, y han llevado a procesos legales a 657 mujeres desde 2009 a la fecha.

En la víspera del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora hoy 28 de septiembre, la organización realizó ayer una caravana informativa del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez con una propuesta de la artista plástica Atziri Carranza, la cual elaboró en cartón 32 automóviles de tamaño real que representaban a las entidades del país y exponían su actitud hacia el aborto, unos omisos, otros represores, y en el caso del Distrito Federal, identificado como estado libre, pues en 2007 se aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación.

Adriana Jiménez Patlán, coordinadora nacional del grupo, señaló que cada mujer debe ser libre para elegir lo que considere mejor, como sucede en el DF, donde se respeta su decisión y se le brindan servicios necesarios para el cuidado de su salud y su vida, y añadió que castigar y discriminar a la mujer que decide no continuar con un embarazo sólo hace más grande un problema social que ya es grave.

Silvia Solís, coordinadora de medios, dijo que el aborto debe ser legal y gratuito en todo el país, porque actualmente las más afectadas por la criminalización de la interrupción del embarazo en 16 entidades, desde 2007 a la fecha, y en Chihuahua desde 1994, son las mujeres más pobres. Las más violentadas son las de menores recursos, que no tienen abogados y no pueden pagar un médico. Las mujeres con dinero acuden a una clínica y nadie se entera. El aborto gratuito y seguro tiene que ser una ley, porque son las mujeres pobres las que más sufren.

Lamentó que en las entidades que aprobaron cambios a sus constituciones locales el Poder Legislativo local se haya dejado presionar por diversos poderes fácticos, entre ellos la Iglesia católica, y que estos cambios hayan tenido la anuencia de los ejecutivos estatales.

Recordó los casos de Hilda, quien por coerción de la doctora tuvo que decir que sí había tomado algo y todo fue sin pruebas; el de Concepción, la veracruzana que ya tiene siete meses encerrada sin ninguna prueba, y en Guanajuato una mujer con retraso mental que fue violada fue condenada a 27 años de cárcel por abortar con ayuda de su madre. Eso es inadmisible.