Los docentes deberán recabar la información del censo de maestros y alumnos que realiza la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un costo de 740 millones de pesos, pues la secretaría y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sólo procesarán los datos.

De acuerdo con la guía de aplicación distribuida a directores de escuela, cuya copia tiene La Jornada, los educadores deberán ofrecer datos sobre las condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas, documentar el perfil profesional de los mentores, cuántas horas permanece frente a grupo y qué materias imparte, así como las características y necesidades de aprendizaje de sus alumnos, a fin de entregar la información a los encuestadores.

Para ello, la SEP y el Inegi por conducto de poco más de 17 mil visitadores, entregarán cuestionarios a los profesores, tanto para conocer sus condiciones de preparación académica como laboral, así como material destinado a sus estudiantes, quienes deberán responderlo por sí mismos.

Se advierte que ante cualquier anomalía esta deberá ser subsanado con el apoyo del docente, quien deberá estar atento de los comentarios que en este sentido le presenten los encuestadores. Además deberá elaborar diversas tablas con las características del inmueble donde se ofrecen servicios educativos.

Deberá incluir información sobre las condiciones en que se encuentran aulas, baños, laboratorios, talleres y oficinas, así como el estado en que se está el mobiliario, que comprende pizarrones, bancas, escritorios, proyectores y equipo de cómputo, el cual tendrá que ser contabilizado por el director.

En la presentación de la guía, se señala que el censo permitirá obtener información no sólo de las condiciones materiales y de equipamiento que enfrenta cada escuela, también aportará elementos para conocer el perfil docente y laboral del personal, sus necesidades de capacitación, e incluso, identificará a cada uno de los alumnos.

Asegura que con base en sus resultados el gobierno federal podrá conocer la infraestructura instalada, los servicios, el equipamiento y condiciones de los planteles de educación básica en todo el país. Así, advierte el documento de ocho cuartillas, contará con información que le permita mejorar la distribución de los recursos educativos.

Sin embargo, maestros consideraron que se trata de un nuevo instrumento de control, pues es ilógico suponer que el gobierno federal, que elabora la nómina y por tanto sabe a quién corresponde cada clave laboral, ahora pretenda desconocer a quién le paga, cuantos alumnos atendemos y en qué condiciones lo hacemos.