Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron a los senadores que dictaminan la reforma al Código de Justicia Militar, corregir el anteproyecto en la materia, con el propósito de acabar con la impunidad y establecer que aquellos integrantes del Ejército y la Marina que cometan delitos graves contra ciudadanos sean juzgados, desde el inicio del proceso, por tribunales civiles.

Daniel Zapico, representante de AI en México; Miguel Álvarez Gándara, del Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otros, dijeron a los senadores de la Comisión de Justicia que el anteproyecto de dictamen a discusión no cumple cabalmente con las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con sentencias de tribunales internacionales.

Si el Senado desaprovecha esta oportunidad con reformas parciales que no garanticen la justicia en todas las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército, significará tiempo perdido y garantizará la repetición de los abusos, insistió Zapico.

Durante la cuarta audiencia organizada en torno a las reformas al Código de Justicia Militar –organizada por la Comisión de Justicia, que preside el panista Roberto Gil Zuarth–, expuso que desde hace 50 años AI ha documentado casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército, y la mayoría permanecen en la impunidad gracias a la jurisdicción militar, es decir, gracias al privilegio de investigarse y juzgarse a sí mismos.

Zapico señaló que en ese anteproyecto de dictamen se tipifica la desaparición forzada de personas, pero la redacción hace casi imposible que un funcionario o servidor público que haya cometido ese delito de lesa humanidad pueda ser condenado.

Pidió que se reformen también los artículos 435 y 740 del citado código, para establecer claramente que sea la justicia ordinaria la que decida sobre la competencia jurisdiccional militar en este tipo de casos.

Representantes de Fundar, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincidieron con esa postura y demandaron que se deroguen del código delitos que agravian a civiles y que se consideran dentro de faltas contra la disciplina militar, como el maltrato a prisioneros o detenidos, contrabando, saqueo o violencia contra las personas.

El anteproyecto de dictamen incluye ese catálogo de delitos, lo que permitiría que en ciertos casos la jurisdicción militar conozca de casos en que hay civiles involucrados.

Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se refirió a las facultades de la nueva Policía Ministerial Militar, y consideró que este cuerpo de investigación debe estar acotado a los delitos del sector castrense.

Inhibir violaciones

En su turno, Álvarez Gándara resaltó que acotar el fuero militar contribuiría a inhibir las violaciones a derechos humanos contra civiles y generaría mejores condiciones en caso de que lleguen a ocurrir, pues serían investigadas y juzgadas por funcionarios ajenos a la cadena de mando militar.

Durante la audiencia se presentaron testimonios de violaciones a derechos humanos cometidos por militares. Consuelo Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, señaló que en los años recientes ha documentado 261 casos de desapariciones forzadas cometidas por integrantes del Ejército y la Marina.

Los especialistas en derechos humanos rechazaron que acotar el fuero de guerra atente contra la disciplina castrense. Hay 177 mil deserciones de elementos de las fuerzas armadas, 18 mil denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 5 mil 600 procesos abiertos en tribunales militares por violaciones de derechos humanos. Ese sí es un indicador de relajamiento de la disciplina”, comentó el perredista Alejandro Encinas.

La senadora priísta Arely Gómez explicó que el objetivo principal es modernizar la justicia militar, en un justo equilibrio entre la protección de derechos humanos y la disciplina castrense.