Mexicali, B.C. 27 de septiembre.

Aunque Baja California es el estado con mayor recepción de deportados, no cuenta con un marco de protección y atención a migrantes que permita generar políticas públicas integrales en beneficio de los indocumentados, sostuvo José Moreno Mena investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, al presentar el libro Éxodos, veredas y muros: perspectivas sobre la migración.

Moreno Mena señaló que los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Chiapas cuentan con leyes y hasta procuraduría de atención al migrante, lo que no se da en Baja California, debido ”a intereses políticos y partidarios”.

A la presentación asistió el sociólogo Agustín Sánchez Pérez, así como Lya Niño Contreras, del Colegio Estatal de Sociólogos de Baja California; Juan Carlos Ortiz Rubio, presidente del Comité Binacional Valle Imperial, y José Luis Jaral, presidente del Comité de los Migrantes del Valle Imperial.

Ortiz Rubio consideró que los gobiernos municipales y el estatal evaden su responsabilidad en la atención al migrante pues, aseguró, sólo llevan registro de los deportados y en el peor de los casos, de los que mueren en el intento de cruzar la frontera.

Ante la gran expulsión de connacionales por la cada vez más dura legislación migratoria de Estados Unidos, no hay en México acción institucional para apoyarlos, sólo los canalizan con vehículos oficiales a las diferentes organizaciones no gubernamentales y a partir de ese momento les ceden toda la responsabilidad. Los gobiernos no se han dado cuenta de que no se trata de darles paliativos como café, cobijas y comida, ellos también tienen derecho al trabajo, a la educación y a todas las garantías individuales.

El presidente del Comité Binacional Valle Imperial advirtió que el estado necesita una oficina que otorgue atención integral a los viajeros y no sirva sólo de base de datos para las estadísticas que presentan ante ONG y la Federación.