Playa del Carmen, QR, 27 de septiembre.

Personas y empresas que hoy no pagan impuestos o eluden cumplir parte de sus obligaciones serán fiscalizados por la autoridad a partir de la información que generan con sus transacciones bancarias, desde el pago de consumos con tarjeta de crédito, depósitos a cuentas y cobro de cheques, anticiparon expertos, al analizar la propuesta de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT, el organismo encargado de recaudar impuestos) va a utilizar la información que deben proporcionarle los bancos para buscar una fiscalización de aquellas personas que hoy en día no están pagando impuestos, comentó Salvador Garrido Márquez, socio director de la firma Garrido Licona y Asociados, especialista en temas fiscales, al participar en la séptima convención nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de México (Asofom).

La propuesta de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto, que está a discusión en el Congreso, plantea que la autoridad tributaria puede utilizar información de los ciudadanos en poder de los bancos con fines de fiscalización del pago de impuestos. Por un lado, la iniciativa considera la desaparición del impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), de 3 por ciento a los depósitos mensuales arriba de 15 mil pesos, pero, por el otro, aumenta la cantidad de información que los bancos deben hacer llegar al SAT y que puede ser empleada para monitorear el cumplimiento de obligaciones.

Un punto inicial, planteado aquí por Garrido Márquez, es que a partir de la aprobación de la reforma el Servicio de Administración Tributaria puede considerar como domicilio fiscal, para efectos legales, el de los estados de cuenta bancaria. Esto representa un paso más hacia la fiscalización, dijo el experto.

El SAT, por ejemplo, sólo puede entregar requerimientos y multas en los domicilios fiscales. Con la reforma, el domicilio fiscal será el del estado de cuenta bancario, a través de la información que las instituciones bancarias proporcionen a la autoridad, dijo. Actualmente, los bancos ya entregan alguna información de las operaciones de sus clientes al SAT, llamadas declaraciones informativas. Con la propuesta de reforma, se amplía tal obligación, dijo. A través de esa informacion que tienen los bancos la autoridad va a poder fiscalizar a personas e incluso a personas y empresas que hoy no estén dentro de la formalidad. Va a ser obligatorio para los bancos entregar esa información, abundó.

–¿Es compatible compartir la información con el secreto bancario?

–Es una situación polémica. Eventualmente, desde un punto de vista jurídico, se puede estar violando el secreto bancario. La argumentación de la reforma es que la información se utilizará con fines de fiscalización y no se hará pública, sino que los bancos la entregarán al SAT. Eso puede ser cuestionable, es polémico. Hay posturas de que compartir esta información no es correcto, desde el punto de vista del secreto bancario, y yo creo que no es correcto que se entregue esa información. Será objeto de controversia legal.

“Esta fiscalización pretende regular, en principio, a los que no están pagando impuestos. Obviamente, el punto es que aquí hay una fiscalización real. Hoy en día el SAT no lo está haciendo porque no cuenta con la estructura. El objetivo es que tenga esa estructura y se fiscalice, a través de estos mecanismos. Si se logra sería excelente, hoy en día no se ha podido lograr”, agregó.

Encarece la creación de empleo

La propuesta de reforma hacendaria incluye, en la parte correspondiente al impuesto sobre la renta (ISR, el que cobra el fisco por los salarios, en el caso de las personas, y las ganancias, en el de las empresas), modificaciones que encarecen el costo de operación de las empresas y, eventualmente, pueden reducir el ingreso de los trabajadores, dado que algunas prestaciones, como vales de despensa, participación de utilidades y aguinaldos, dejarán de ser deducibles, añadió.