La despenalización de la producción y consumo de drogas deberá estar acompañada de políticas de prevención y combate a las mafias, a fin de reducir la violencia y los abusos. Especialistas reunidos ayer en la Cámara de Diputados advirtieron que las sanciones penales a estos delitos, contempladas en las leyes locales, atentan contra los derechos humanos.

El foro sobre Prohibición y regulación de drogas organizado en el palacio legislativo de San Lázaro abrió paso a diversas propuestas en materia de control y uso de los estupefacientes. Ethan Nadelmann, de la organización Drug Policy Alliance, expuso que la época actual es propicia para iniciar un diálogo abierto y generalizado en torno a este tema.

El experto se pronunció por modificar las penas por posesión de pequeñas cantidades de narcóticos y señaló que será necesario regular el consumo de la mariguana, porque no existe una relación entre el uso de estupefacientes y el castigo por el consumo de ésta. Aún no existe evidencia concreta de que la descriminalización aumenta el consumo.

A su vez, Steve Rolls, de la organización Transform, sostuvo que para crear una política tendiente a permitir el consumo de la mariguana deben tomarse en cuenta tres elementos: la aplicación de la ciencia, la búsqueda del equilibrio entre el comercio libre y la regulación gubernamental y el control, lo que facilitaría la administración de políticas públicas.

Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, exhortó a avanzar en la legislación para despenalizar el consumo de drogas, y para ello deberán reformarse las medidas punitivas, que tiendan a reducir los niveles de violencia y de abusos.

Vivanco señaló que las sanciones penales atentan contra los derechos humanos. Destacó el caso de la guerra contra las drogas emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, la cual aportó al historial de violencia nacional 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos, y de ellos sólo cuatro casos han sido resueltos.

“Ha tenido efectos nefastos (la guerra contra las drogas) que incluye matanzas y abusos cometidos por las fuerzas de la autoridad. La guerra contra las drogas fracasó.”

Para Vivanco, las sanciones penales por consumo o posesión de drogas para uso personal conlleva el cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad.

Mirko Guiletti, jefe adjunto de la embajada de Suiza, expuso que en su país se creó una política de cuatro pilares, elaborada en los años 90 del siglo pasado, según la cual se imponen sanciones más severas en la venta de drogas a menores como medida de prevención.