La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entró en vigor el 1º de septiembre, tendrá un impacto económico directo en las empresas de los sectores susceptibles de cometer ese delito, ya que de inicio tendrán que realizar inversiones que van de 50 mil hasta 500 mil pesos para cumplir los requerimientos y salvarse de una sanción, indicó Martín Cervantes Ocaña, ex director jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La abogada fiscalista Laura Rosales precisó que instaurar los sistemas para cumplir la nueva ley podría costar a las compañías entre 6 y 10 por ciento de sus ingresos, debido a que deben adaptar sus bases de datos, estandarizar la información y ajustar sus prácticas comerciales.

La llamada ley antilavado limita el uso de efectivo en transacciones con sectores o actividades vulnerables como agencias de autos, lotes, joyerías, inmobiliarias, notarías y casinos, entre otros.

Desde la entrada en vigor de la ley, las empresas están obligadas a dar avisos a la SHCP y cuentan con 60 días para hacerlo, amén de que sus obligaciones son diferentes según el nivel de exposición al lavado de dinero.

Además, no establecer la política de identificación y conocimiento del cliente implicará multas de 12 mil 952 hasta 129 mil 520 pesos. Asimismo, no guardar y proteger la información soporte de la actividad vulnerable podrá ser sancionado con 12 mil 952 hasta 129 mil 520 pesos.

La SHCP prepara un portal web para que las empresas puedan reportar las operaciones sospechosas.