na nueva racha de lluvias, registrada en horas recientes como consecuencia de una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico, generó más daños en las zonas afectadas por el huracán Manuel. En Acapulco, diversas colonias volvieron a ser desalojadas ante el peligro de inundaciones, en tanto que se registraron anegaciones en la zona de descarga del aeropuerto internacional. Además, el puente de Coyuca de Benítez fue cerrado como consecuencia del crecimiento del río.

El repunte de las precipitaciones representa el agravamiento de una circunstancia de desastre que empieza apenas a conocerse en su total magnitud. En efecto, con el paso de los días continúa el incremento de los saldos de la destrucción material y de la cifra de muertos.

A ese escenario de contingencia, de por si alarmante, debe agregarse la catástrofe económica que se abate sobre las entidades afectadas: decenas de miles de viviendas y establecimientos se perdieron, el comercio y los servicios están colapsados en Acapulco y otras localidades por la pérdida de inventarios e instalaciones. La pérdida masiva de puestos de trabajo que esto implica hará mucho más ardua la recuperación para decenas de miles de familias que perdieron casi todas sus pertenencias. Todo ello, además de la destrucción de infraestructura, implícita en la pérdida súbita de escuelas, hospitales y caminos.

Sin duda, lo más urgente es seguir asistiendo con alimentos, medicinas y vestido a la población afectada, impedir que sea víctima de epidemias causadas por la insalubridad y atajar los riesgos derivados de nuevas precipitaciones. Resulta imperativo que la sociedad mexicana mantenga el esfuerzo solidario que ha venido realizando para auxiliar a los habitantes de Guerrero y otras entidades, que la ayuda del resto del país siga fluyendo y que se redoble la fiscalización para asegurar que no haya desvíos, acaparamientos o usos indebidos o facciosos de la asistencia humanitaria.

Al mismo tiempo, es necesario mantener la exigencia de que se esclarezca y castigue, en su caso, la responsabilidad de los diversos funcionarios federales y estatales que, según la información disponible, cometieron omisiones diversas antes, durante y después del paso de los meteoros Ingrid y Manuel por territorio nacional: desde permitir la construcción de edificaciones habitacionales y comerciales en zonas de riesgo, hasta minimizar el impacto de esas tormentas, emitir alertas en forma tardía y desatender las mismas.

Los fenómenos naturales son por definición inevitables, pero si hay alguna forma de prevenir los escenarios de catástrofe como el que se vive en Guerrero y otras zonas es, precisamente, impidiendo que se repita la cadena de errores, omisiones, negligencias e indolencias como la que se evidenció en las inundaciones que azotaron al país en días recientes.