La defensa efectiva de los derechos humanos de los migrantes, la presunción de inocencia y la protección consular a víctimas o testigos de un delito son algunas normas que reúne el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, herramienta desarrollada por Sin Fronteras, a petición de la Suprema Corte de Justicia de México, que será presentado el próximo lunes.

La idea es que el Poder Judicial cuente con un procedimiento claro, pues en muchos casos se desconoce cuál es la normativa que deben aplicar, particularmente la internacional, que a veces da mayor protección, advierte Mónica Oehler Toca, de defensoría de Sin Fronteras.

Señala que este instrumento se difundirá principalmente en los estados que forman parte de la ruta del migrante, aunque hay un grupo de países interesados en replicar este modelo.

El protocolo será el primer instrumento en su naturaleza en América y busca coadyuvar a la emisión de criterios jurisprudenciales con un enfoque de derechos humanos que cambie el paradigma que criminaliza a la migración por otro que reconoce a los migrantes como sujetos de derecho.

En él colaboraron funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y magistrados del Poder Judicial de México, entre otros. Destaca que la despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento, pues es considerada una falta administrativa.

En el caso de solicitantes de asilo y refugiados, señala, la falta de sanción por ingreso irregular está prevista en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y es una excepción a las disposiciones migratorias del país, por lo que para quienes están en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable.