El Poder Judicial Federal (PJF) tiene listo un protocolo de actuación obligatorio para magistrados y jueces de todo el país, federales y locales, que regirá los procedimientos de actuación a que deberán ceñirse cuando resuelvan juicios en que estén involucrados migrantes.

Dicho protocolo, que será presentado el próximo 30 de septiembre por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, y del que posee copia La Jornada, indica: considerando que el PJF tiene la facultad de supervisar la actuación del resto de los poderes públicos, en algunos casos enmendará la inejecución total o parcial de ciertas acciones legales en que se involucren violaciones a derechos humanos de migrantes.

El voluminoso documento añade que en otros casos, el Poder Judicial consolidará la interpretación de la legislación a favor de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.

No es la primera vez que el PJF elabora un protocolo para la actuación de los juzgadores en casos específicos, pues ya antes se puso en marcha uno similar para casos de indígenas y otro más enfocado a cuestiones de género.

Para el caso de los migrantes, refiere que “el protocolo está dirigido a todas aquellas personas cuya labor diaria es la impartición de justicia, tanto en sede local como en sede federal, y que, por tanto, decidirán sobre casos de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

No obstante, se reconoce también la utilidad que puede tener para las organizaciones de la sociedad civil y otras personas defensoras, así como para las instancias académicas interesadas en el acceso a la justicia de esta población, indica el documento, el cual aún no se entrega a los impartidores de justicia.

A manera de introducción, el protocolo refiere que el acceso a la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional “aún enfrenta barreras y obstáculos de facto, en particular factores culturales –idioma, religión y el desconocimiento de la legislación mexicana–, así como factores económicos, como carencia de recursos para contratar servicios de defensoría o para costear los gastos derivados de un juicio.

“A estas barreras se suman los trámites burocráticos, traducidos en la exigencia de requisitos adicionales, el poco tiempo del que muchas de estas personas disponen para dar seguimiento a sus procedimientos legales, la carencia de un domicilio estable para recibir notificaciones, así como la desconfianza en las autoridades, aunada al temor de ser detenidas en una estación migratoria, o bien a ser deportadas sus países de origen.

Esta situación propicia que las personas migrantes y sujetas de protección internacional sean blanco de gran cantidad de violaciones a derechos humanos, y que éstas queden impunes, puntualiza el documento.

La SCJN encargó la coordinación de este protocolo a Nancy Pérez García, directora general de Sin Fronteras IAP, y la elaboración del mismo a Mónica Oehler Toca, responsable del área de defensoría.